En lo que va de este sexenio, siete mujeres que buscaban a sus seres queridos desaparecidos han sido asesinadas en México. Teresa, María del Carmen, Esmeralda, Lilián, Ana Luisa, Aranza y Rosario arriesgaron sus vidas por encontrar una pista que las reencontrará con ellos.
Sus asesinatos muestran el horror de la violencia que sacude México, donde no sólo se acumulan más de 112 mil personas desaparecidas, también se ha convertido en uno de los territorios más hostiles para buscar.
De acuerdo con información de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación obtenida vía transparencia por MILENIO de noviembre de 2012 a febrero de 2022, se han registrado agresiones contra colectivos de 15 estados, siendo Michoacán, Guerrero y Guanajuato, las entidades con más casos.
Los ataques registrados van desde amenazas, intimidación, hostigamiento, persecución, acoso, vigilancia de personas sospechosas, allanamiento hasta la desaparición de otros miembros de las familias de los integrantes de colectivos.
En estos 10 años, se han otorgado 120 medidas de protección a integrantes de colectivos de búsqueda, 89 de ellas para mujeres, de las cuales 42 fueron otorgadas de febrero de 2019 a febrero de 2022 durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, las medidas de protección no son garantía, el colectivo “Una Promesa por Cumplir”, al que pertenecía Teres Magueyal, madre asesinada en Guanajuato el pasado 2 de mayo, forma parte del Mecanismo, y eso no impidió el homicidio de la buscadora.
“Es un camino incierto, ya no confiamos en las autoridades, no sabemos si realmente nos van a ayudar o no. Entonces, el camino se vuelve gris y difícil, el principal reto es no ser asesinadas, ojalá un día podamos salir a buscar con la confianza de que las autoridades trabajarán de manera correcta y cumplirán sus obligaciones”, dijo en entrevista para Milenio Nailea Carreño, del colectivo Una Promesa por Cumplir”.
Pese al dolor que sufren por la desaparición de sus hijos y el peligro al que se encuentran expuestas al buscarlos, las madres rastreadoras de todo el país no piensan desistir en su lucha hasta encontrar a los suyos.
Tal es el caso del colectivo “La Voz de los Desaparecidos”, en Puebla: el 4 de octubre del 2022, vivieron una de sus peores tragedias, Esmeralda Gallardo, una de sus integrantes, fue asesinada… un hombre armado le disparó a quemarropa, e incluso, lanzó disparos al aire para ahuyentar a las personas que querían ayudarla.
Esmeralda, buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años de edad, y había señalado públicamente que detrás del caso se encontraban bandas de narcomenudeo que operan en la zona conurbada de la capital poblana.
Este crimen estremeció al colectivo, pues el día del asesinato de Esmeralda, “La Voz de los Desaparecidos” se manifestaba en la Casa de Justicia de Tehuacán para exigir la vinculación a proceso de José Arturo “N”, agente del Ministerio Público, por extraviar pruebas en el caso de desaparición de Karina Alducín Rodríguez.
“Sentimos que nos dieron un golpe, nos doblaron las rodillas, estábamos aturdidas, en ese momento yo pensé que era una amenaza por judicializar este caso contra el ministerio público", contó María Luisa Nuñez, fundadora de "La Voz de los Desaparecidos".
Después de este homicidio, las autoridades otorgaron medidas de seguridad a algunos integrantes del colectivo que estaban en riesgo, adicional a esto, ellos continúan con su propio protocolo.
“El mismo estado es quien nos entrega (a la muerte), al no hacer su trabajo, ignorarnos, no escucharnos, nos está exponiendo, sabemos que corremos riesgos y en los primeros en que desconfiamos son las instituciones. ¿De qué chingados me sirve que alguien del estado se pronuncie y condene el asesinato de una madre buscadora cuando no están cumpliendo con sus responsabilidades?", expresó María Luisa.
No sólo es Guanajuato y Puebla, la impunidad está arraigada en todo el país, la desesperación por encontrar a sus seres queridos es tan grande que, en Tamaulipas, madres buscadoras hicieron lo inimaginable; el colectivo 10 de marzo pidió una tregua al Cártel del Golfo para que los dejara buscar a sus familiares en campos de exterminio como La Bartolina, en Matamoros.
Para ellas es más viable que los narcotraficantes se tienten el corazón, que exigir justicia a las autoridades; acusan omisiones de los gobiernos federal y estatal, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas del estado, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“El crimen organizado a nosotras nos respeta, la verdad es que no se ha metido con nosotras, ni en nuestra labor de búsqueda, ni nada, yo quiero creer que es debido a este mensaje que se les manda y se les dice que no buscamos culpables solo queremos saber dónde están nuestros familiares y pues qué bueno que así lo entendieron”, señaló Delia Quiroa, líder del colectivo 10 de marzo.
Y es que la violencia ha sido el punto de encuentro de las familias para buscar justicia, de hecho, la llamada “Guerra contra el Narco”, en 2006, hizo que cientos de familias comenzaran a agruparse por todo el país, empezando principalmente en Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, para buscar a sus desaparecidos.
A pesar del dolor que sufren por la desaparición de sus hijos y el peligro al que se encuentran expuestas al buscarlos, cada día son más madres que se suman a los más de 120 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que existen en el país, quienes este 10 de mayo saldrán a las calles a exigir justicia no sólo por los casos de sus seres queridos, también por cada una de las madres que conforman el rostro de la búsqueda.
“Es parte de romper con este sistema patriarcal de “feliz 10 de mayo”, “feliz Día de la Madre”, perdón, cabrón, hoy me felicitas cuando los 364 días restantes del año no tienes madre. Nuestras marchas son por las buscadoras, las madres desaparecidas y principalmente por los que no tienen madre, los que no hacen su trabajo”, dijo María Luisa.
ZNR