Ante la denuncia pública realizada por padres de familia y colectivos, el fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, rechazó que haya sido responsable de la liberación del profesor de la CNTE imputado, identificado como Juan 'N', quien atacó sexualmente a estudiantes de una secundaria.
Rodríguez Alamilla aseguró que la excarcelación del imputado fue una resolución judicial oficiosa, además de estar sujeta a presiones por parte de la la Seeción 22 de la CNTE.
“Nosotros no soltamos al acusado. Quien decretó su libertad fue el Tribunal en una apelación. Ahí fue donde se dijo que una serie de actuaciones que se habían llevado a cabo no se cumplieron. Para nosotros estaba ahí”, afirmó el fiscal el pasado miércoles durante una entrevista colectiva.
El docente identificado como Juan 'N' permanecía en prisión preventiva desde diciembre de 2025, luego de ser detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acusado de delitos sexuales cometidos presuntamente en agravio de estudiantes de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Santo Domingo Tehuantepec.
De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca tres adolescentes presentaron denuncias en contra del profesor: dos por acoso sexual y una por el delito de pederastia.
La carpeta relacionada con este último delito fue judicializada el 6 de diciembre de 2025, dando origen a la causa penal 571/2025.
Sin embargo, la resolución emitida por la magistrada Alba Osorio Velasco revocó las determinaciones que mantenían privado de su libertad al imputado, por lo que éste recuperó su libertad mientras continúa el proceso judicial.
Señalan a agente del ministerio público por pedir 50 mil pesos para seguir con la investigación
La liberación del profesor provocó indignación entre familiares de las víctimas, quienes el martes denunciaron públicamente presuntas omisiones, irregularidades y actos de corrupción por parte de funcionarios de la Fiscalía y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), pues aseguran que han obstaculizado el acceso a la justicia para su hija.
Los padres, Karla y Arturo, señalaron a Citlali Cortés Villalobos, agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Juchitán, por presuntamente exigirl 50 mil pesos para agilizar la integración de la carpeta de investigación.
Asimismo, denunciaron que la funcionaria los canalizó con un psicólogo particular para brindar atención a la menor, situación que les generó una deuda cercana a los 47 mil pesos.
Ante estos señalamientos, Rodríguez Alamilla informó que la Fiscalía abrió una investigación interna y un procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades de la agente ministerial y de otros servidores públicos involucrados en el caso.
“Se está investigando cualquier posible omisión o conducta indebida de personal de la institución”, afirmó.
El fiscal sostuvo que el caso no está cerrado y dijo se buscará lograr nuevamente la detención del acusado para continuar con el proceso penal en su contra.
EG