Denisse, una mujer transgénero de 35 años, fue asesinada por dos sujetos durante la madrugada del 18 de enero de este año en una de las calles del centro de la ciudad de Veracruz. Originaria de Puebla, se desempeñaba como trabajadora sexual. Fue golpeada hasta perder el conocimiento y, horas después, falleció en el hospital.
De acuerdo con el trabajo de documentación del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) AC, junto con Veracruz, las entidades del país más violentas para ser mujer trans son Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.
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Registran las cifras más elevadas de asesinatos que pueden ser catalogados presumiblemente como transfeminicidios, en un periodo de 15 años, de 2007 a 2022. Entre las cinco entidades suman 281 casos.
Rocío Suárez, coordinadora general de la organización conformada por mujeres trans, advierte que paradójicamente, a mayor reconocimiento de los derechos de esta población, la violencia en su contra también se elevó.
"Es una situación adversa, ha sido mucho trabajo para hacer visible a la comunidad trans, pero los crímenes siguen. Cada año es mortal", denuncia la activista y mujer trans.
Explica que desde el 2016 a la fecha las poblaciones trans han ganado derechos en diversos estados del país. Más de la mitad de las entidades reconoce la identidad de género, misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó desde el 2018. Sin embargo, según la base de datos de CAIT que fue alimentada con información de medios de comunicación, desde el 2012 a septiembre de 2022 los crímenes de odio contra las personas trans han aumentado y desde 2017 se ha mantenido una cifra constante.
Con 590 asesinatos en ese tiempo, el promedio anual es de 53 –un crimen cada semana–, con mayor número de casos en 2016, cuando sumaron 80, y 2017, con 68 crímenes. Los últimos años han sido también muy violentos.
La cifra oculta es aún mayor
Aunque las cifras de por sí son escandalosas, existe un subregistro, señala Suárez, pues no todos los crímenes son reportados por los medios de información.
"Es irónico el caso de la Ciudad de México, que, pese a ser la entidad con mayor reconocimiento y políticas públicas para las poblaciones LGBT, que incluye a la gente trans, también ocupa el quinto lugar de asesinatos de personas trans en el país", añade.
Estas políticas públicas de avanzada se expresan en unidades de salud, cambio de identidad de género en el registro civil y reconocimiento a las infancias trans y al trabajo sexual, pero tales derechos ganados no borran la otra cara: la de la violencia.
México le sigue a Brasil como país más violento
Activistas denunciaron que Mónica Jiménez Belmont, mujer trans de 41 años, fue asesinada el 31 de marzo pasado, Día de la Visibilidad Trans, en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México. La carpeta de investigación del caso, sin embargo, se abrió por suicidio, aunque su familia exigió que se investigara como transfeminicidio. "Esto es algo cotidiano", reconoce Rocío Suárez.
Transrespeto versus Transfobia en el Mundo es un proyecto de la organización internacional Transgender Europe que contabiliza, a partir de los datos recopilados por organizaciones de distintos países, los asesinatos de personas trans. El CAIT proporciona la información de América Latina.
Según esta información, cuyo último corte fue en septiembre de 2022, desde el 2012 México ocupa el segundo lugar, en números absolutos, de asesinatos de personas trans en el mundo.
Son 590 casos, misma cifra que reporta CAIT. Brasil, históricamente, ha tenido el primer lugar. Los datos del año pasado confirman que son los dos países más violentos del mundo para las personas transgénero.
El proyecto Transgender Europe documenta que la mayoría de las víctimas se dedicaba al trabajo sexual. Pero no siempre identifica si se trató de transfeminicidios.
"La calidad de los datos se ha acrecentado porque las organizaciones adquirimos mayores habilidades, pero hay regiones o países donde no se pueden documentar, como sucede en África, Rusia y China. Ahí hay un vacío de información", expone Suárez.
Lo que sí es claro es que, de acuerdo con las cifras, en América Latina se cometen tres cuartas partes de todos los asesinatos en el mundo.
"En el caso de México, esta violencia es parte de la violencia estructural en el país", contextualiza Rocío. "No solo es contra las poblaciones trans, sino que estamos inmersas en la famosa guerra contra el narcotráfico. Los cinco estados en México más violentos para las mujeres trans son, al mismo tiempo, de los más violentos en el país, con fuerte presencia del crimen organizado".
Esa es la razón de que, por los distintos contextos, con frecuencia sea complejo identificar los motivos de un asesinato. A veces no se sabe si es un crimen cometido por los prejuicios sexuales, o por el cobro de piso y las extorsiones.
"De hombres trans contamos un caso. Esto habla de una violencia contra las mujeres, de condición de género. Nos remonta a los feminicidios en el país, que suman 10 cada día. Al ser las mujeres trans muy visibles, ambas violencias se relacionan", determina Suárez.
Bien educadas, pero sin acceso a empleos formales
La coordinadora del CAIT insiste en que se requiere un cambio cultural, el cual normalice la presencia de las personas trans en los diferentes ámbitos y espacios. Ejemplifica:
"Que sea común llegar a comprar boletos al Metro y que la persona en la taquilla sea mujer u hombre trans; o que sea trans la persona médica que te atiende en el IMSS o que da clases en la primaria".
Cuando la población empieza a notar la presencia trans como algo cotidiano, se empieza a romper la primera barrera y por tanto la aceptación es más natural.
Eso sí ocasionará un verdadero impacto. "Se habla mucho en medios, desde hace tiempo, de las primeras mujeres trans que hicieron algo. La que se casó, la que obtuvo un título, la primera diputada. Pienso que es grave [porque es] como si habláramos de un extraterrestre, de uno que se comunica por primera vez con los humanos. Sigue siendo un tema [de algo que parece] extraordinario", argumenta.
Su percepción es que el movimiento trans se estancó en el desarrollo de la aceptación de la identidad de género, y que no ha generado mejores condiciones y calidad de vida para las poblaciones.
Según una encuesta en línea del CAIT realizada en 2020 entre 219 mujeres trans en la Ciudad de México, el 45.2 por ciento contaba con licenciatura y 7.3 por ciento con posgrado. Por otro lado, 36.1 por ciento tenía trabajo formal con prestaciones, mientras que 21.9 por ciento se desempeñaba en un trabajo informal sin más derechos.
El 72.1 por ciento de las encuestadas consideró que la discriminación es mayor en el ámbito laboral y el 58 por ciento indicó que la falta de acceso a empleos formales es muy alta.
En 2009, CAIT aplicó su primera encuesta a 51 mujeres trans. El 36.10 por ciento tenía licenciatura, pero el 54.8 se autoempleaba, es decir, no contaba con empleo en una empresa y por tanto carecía de prestaciones sociales.
Es un hecho que la escolaridad va al alza, comenta Suárez, pero "lo que ratifican las encuestas es que, a pesar de ello, las personas tienen un empleo que no corresponde a su perfil profesional y un alto porcentaje no tiene seguridad social. Es contradictorio".
La activista apunta que todos los cuestionarios que son hechos en línea entre miembros de la comunidad LGBT tienen un sesgo, porque solo se aplica a personas con acceso a internet, lo cual reduce el acceso a la información de poblaciones que no cuentan con esa herramienta.
Y aunque lo que sí se extrae de las encuestas es una recurrente alta violencia familiar, "en las nuevas generaciones hay transiciones exitosas, en las familias hay un entorno amigable que acompaña. Eso tendrá repercusiones positivas en las infancias y juventudes trans, van a crecer con amor y aceptación", finaliza con una nota de esperanza la coordinadora del CAIT AC.
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