Los actos de corrupción administrativa, mejor conocidos como mordidas, representan un grave problema para la población que trata con agentes de seguridad y servidores públicos, pues cada día se reportan 18 mil 497 casos de corruptela en el país, lo que equivale a 771 casos por hora o 13 por minuto.
Tan solo en el segundo semestre de 2021, se estima que 2.9 de personas mayores de 18 años reportaron 3 millones 403 mil 581 actos en los que fueron víctimas de corrupción por parte de cuerpos policíacos o burócratas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las cifras muestran que la clásica mordida sigue siendo el más frecuente acto de corrupción en el país, ya que las personas afectadas se encontraban realizando algún tipo de trámite, pago o solicitud de servicio en oficinas públicas o con autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas y faltas a la moral.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que, si bien la corrupción administrativa no está relacionada con el desvío de grandes cantidades de dinero, el alto volumen de incidencia que existe en nuestro país genera una suma importante de dinero que es difícil de rastrear.
“Hay la idea de que la corrupción administrativa es una forma pequeña de corrupción y no hay nada más falaz que eso. Los policías de tránsito operan en red, se reparten polígonos, perímetros, hay zonas en donde tienen que hablar con su superior jerárquico y es una estructura piramidal, es una forma de gran corrupción, nada más que está estructurada a partir de pequeños sobornos.
“La corrupción que afecta a los hogares se mide en millones de casos, la única diferencia es que vas transacción por transacción, familia por familia, persona por persona; pero si lo sumas no es un tema menor. De hecho, las formas de corrupción administrativa, en muchos casos, están conectadas con las grandes ruedas de corrupción o macrocriminalidad”, explicó Bohórquez.
Ante esta situación, las cifras del Inegi muestran claramente el problema de confiabilidad que arrastran los cuerpos de seguridad pública, pues de 4.9 millones de personas que tuvieron contacto con algún agente, el 46.6 por ciento dijo haber padecido alguna extorsión por parte de la policía.
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