Mientras que la demanda de Boston buscaba cuestionar la negligencia de las empresas, con la segunda en Arizona -primera demanda civil presentada por un gobierno nacional- se buscará exhibir la responsabilidad de las empresas comercializadoras que dejan sus armas en manos de los criminales, según lo dicho este lunes por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio.
En entrevista con Alejandro Domínguez para MILENIO Televisión, el consultor jurídico de la cancillería se refirió al litigio presentado contra cinco tiendas de armas, que estarían vendiendo armamento a prestanombres de las organizaciones criminales que luego son enviadas de manera ilegal al sur de la frontera.
“Lo que queremos nosotros es evidenciar que estas empresas a las que estamos demandando, a estas cinco tiendas en Arizona, saben que le están vendiendo armas a prestanombres, que arman después al crimen organizado en México”, enfatizó.
En este sentido, acusó que las “empresas saben que sus productos están en manos de criminales”, por lo que se pretende obligarlos a hacerse responsables de la ola de violencia que dejan en México, con la que -a su vez- respaldaría la primera demanda presentada en Boston, ya que mostraría negligencia.
“Lo que queremos nosotros, es decir: háganse responsables de esto, ganaremos en Arizona y esa victoria nos ayudará a respaldar el argumento de Boston”, agregó.
Cuestionado sobre si existe la manera de comprobar si las empresas demandadas (Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical LLC, Hub Target Sports, Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports INC ) estarían entregando armas a prestanombres de las organizaciones criminales para ser enviadas de manera ilegal al sur de la frontera, explicó que existen al menos dos posibilidades.
En principio, dijo para comprobar esta cadena,estaría en las investigaciones de autoridades estadunidense del Departamento de Justicia; “esto son casos criminales contra traficantes de armas donde se establece el tipo de arma que compró este traficante y dónde la compró”.
Y la otra forma de probar este vínculo o esta cadena de acciones –agregó- “es a través de mecanismos de trazabilidad”.
“Es decir, de donde se ubica el arma en una escena del crimen en México o Estados Unidos, al lugar de venta sería otra la dinámica y la exigencia social, que está en la proporción entre el 70 y 90 por ciento en Estados Unidos”.
En este sentido, insistió en que “el tipo de armas que vemos es atribuible al tráfico ilícito de Estados Unidos”, y bien “si cerramos la llave en el origen, que es Estados unidos, habrá menos armas en México con menos armas, la acción del Estado será más efectiva”.
Al haber menos facilidad, añadió, para acceder a las armas en Estados Unidos “habría una reducción de violencia, no sólo porque disminuiría el número de armas, sino la espiral de violencia en la que estamos en la que un grupo armado quiere comprar armas más poderosas que el que tiene enfrente para poder someterlo”.
En cuanto a lo económico, “sin ser el objetivo primordial de la demanda”, aclaró, es importante mandar una señal a las empresas demandadas respecto la magnitud del daño para que sus accionistas “Se den cuenta que podrían perder todo, por eso es tan importante hablar de una compensación sin ser el objetivo principal”.
cog