El decomiso de más de tres mil 300 máquinas tragamonedas, conocidas como 'mini casinos', en distintos puntos de Michoacán durante los últimos tres años representa un golpe financiero directo a la delincuencia organizada, afirmó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.
Estas acciones, explicó, forman parte de una estrategia integral para debilitar las fuentes de financiamiento ilícito que operan de manera cotidiana en comercios formales.
Máquinas tragamonedas que generaban casi 10 millones de pesos mensuales
En las inmediaciones del municipio de Morelos, el mandatario estatal encabezó la destrucción de 803 máquinas tragamonedas aseguradas recientemente en operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.
Durante el evento, Ramírez Bedolla subrayó que este tipo de dispositivos no son una forma inocente de entretenimiento, sino instrumentos mediante los cuales grupos criminales obtienen recursos constantes y someten a comerciantes a prácticas de extorsión.
Los municipios donde se ha detectado una mayor presencia de estos mini casinos son Morelia, Apatzingán, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Maravatío, zonas donde el crimen organizado ha impuesto la instalación de estas máquinas en farmacias, tiendas de abarrotes y otros negocios de barrio.
“Parte de esta instalación de maquinitas en comercios es producto de la extorsión, porque a los dueños se les obliga a mantenerlas conectadas, pagar la electricidad, el mantenimiento y permitir su operación. Es una gota de recurso permanente que llega directamente a los grupos delictivos”, enfatizó el gobernador de Michoacán.
Ramírez Bedolla hizo un llamado a los 113 presidentes municipales del estado, así como a las policías locales, para que se sumen de manera decidida a este esfuerzo coordinado con el gobierno federal y las autoridades de justicia, con el objetivo de impedir que estas máquinas vuelvan a instalarse en la geografía michoacana.
Además del impacto económico, el gobernador advirtió que los lugares donde operan los mini casinos se convierten en focos de riesgo para la seguridad pública.
“No sólo se trata del dinero que generan al crimen organizado, sino de que estos espacios se vuelven puntos de atracción para otros delitos, desde narcomenudeo hasta homicidios dolosos. Son generadores de violencia”, señaló.
Por su parte, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, detalló que las 803 máquinas destruidas recientemente generaban ganancias superiores a los 9 millones 800 mil pesos mensuales para la delincuencia organizada. Indicó que cada máquina puede producir hasta 12 mil pesos al mes, recursos que alimentan directamente las estructuras criminales.
El fiscal destacó que la destrucción de estos mini casinos es una acción clave dentro de la estrategia para cerrar espacios de economía ilegal que afectan tanto la seguridad como el tejido social.
“Eliminar estas fuentes de ingreso ilícito debilita la capacidad operativa de los grupos criminales y protege a los comerciantes que han sido víctimas de extorsión”, puntualizó.
Finalmente, las autoridades estatales reiteraron que continuarán los operativos en todo Michoacán para detectar y asegurar más máquinas tragamonedas, con el objetivo de frenar el financiamiento del crimen organizado y recuperar la tranquilidad en los espacios comerciales del estado.
KH