El Poder Legislativo de Michoacán se encuentra en el centro de una severa controversia tras permitirse la ejecución musical de un narcocorrido dentro del propio recinto oficial.
El incidente resulta especialmente grave debido a que en la entidad existe un marco legal vigente que prohíbe de manera estricta cualquier manifestación artística que realice apología del delito o exalte a figuras vinculadas con organizaciones criminales.
¿Cómo ocurrió el polémico momento en el Congreso de Michoacán?
Los hechos se registraron al concluir una sesión ordinaria, durante una celebración organizada con motivo del Día del Padre Michoacano. El festejo, coordinado por la presidencia de la Mesa Directiva, inicialmente transcurrió entre felicitaciones y música tradicional para los trabajadores de la institución, legisladores y comunicadores presentes.
Sin embargo, la situación dio un giro radical cuando una agrupación musical de la región ingresó al salón de plenos y se instaló en la máxima tribuna del estado.
Desde ese espacio legislativo, la agrupación comenzó a interpretar una conocida pieza musical dedicada a Baltazar Díaz Vega, un personaje históricamente señalado por sus vínculos logísticos con Ismael Zambada, uno de los líderes más notorios del narcotráfico.
La contradicción institucional quedó evidenciada a través de grabaciones realizadas por los asistentes, las cuales se difundieron rápidamente en plataformas digitales, mostrando a varios representantes populares conviviendo mientras se entonaba la polémica melodía.
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¿Qué dice la Ley en Michoacán sobre la apología al delito en la música?
Esta acción representa una transgresión directa a las normativas locales aprobadas previamente por el propio Congreso. En la legislación estatal se establece con claridad la prohibición de reproducir e interpretar géneros musicales que promuevan actos ilícitos en cualquier espacio público o de acceso libre.
Además, las reformas aplicadas al Código Penal sancionan de manera específica la glorificación pública de conductas delictivas, una restricción tan rigurosa que ya ha derivado en la suspensión de conciertos de agrupaciones de renombre nacional en territorio michoacano.
Pese al impacto mediático y social del suceso, que evidencia cómo el propio palacio legislativo vulneró las reglas que el estado impone al resto de la ciudadanía, ninguna autoridad parlamentaria ni los organizadores del evento han emitido una postura oficial para esclarecer las responsabilidades de este polémico acto.
LG