Exigen creación de una fiscalía especial para el caso Iguala, padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fue un compromiso pactado durante la contienda electoral de 2021.
Realizaron su petición a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, durante la manifestación en la entrada principal del Palacio de Gobierno de Guerrero.
El movimiento inició el 6 de junio, donde familiares de las víctimas del 26 de septiembre planearon un acercamiento con la gobernadora de Guerrero.
Ahí señalaron que, desde el inicio de la presente administración, no han tenido ningún acercamiento con el colectivo "Nos Faltan 43" ni con las organizaciones que los respaldan.
Lejos de ello, señalaron que muchos personajes que formaron parte de gobiernos anteriores se encuentran activos políticamente, a pesar de que, en diferente proporción, se les ha relacionado con el caso.
El abogado del colectivo, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que se presentaron en el recinto para hacer un emplazamiento al gobierno local y que, dentro de sus atribuciones, colabore con las investigaciones.
Rosales Sierra pidió que se haga lo necesario para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entregue los videos que captaron las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, pues se sabe que dichos aparatos tienen el momento en que 17 normalistas fueron bajados de un autobús para ser entregados a un supuesto integrante del crimen organizado.
El rango de visión de dichas cámaras era de, por lo menos, 300 metros a la redonda, de tal manera que su material grabado es vital para el caso.
Indicó que se debe sancionar a quienes ingresaron al banco de información del circuito cerrado para manipularlo, y acusó que el 27 de septiembre de 2014 se extrajo información de los aparatos.
Además, solicitó que se investigue al personal de la policía del estado que intervino en los hechos, porque, según un testimonio, un grupo de oficiales llevó a varios estudiantes a una casa de seguridad para torturarlos.
Recordó que en la campaña por la gubernatura hubo un acercamiento con los liderazgos de Morena y en ese momento solicitaron la creación de una fiscalía especial para investigar el caso en Guerrero.
Sin embargo, señaló que desde que se instaló el nuevo gobierno, no se ha buscado a los padres de los 43 para ratificar el compromiso contraído durante el proceso electoral de 2021.
De hecho, denunció que en ningún discurso del gobierno de Guerrero se ha hecho mención a dicho compromiso pactado con los padres de los 43 y sus representantes legales.
Rosales Sierra sostuvo que para un gobierno que se reivindica como progresista y de izquierda, resolver un caso tan grave como el de los 43 debe ser un asunto prioritario.
El abogado reprochó que, lejos de buscar una solución real al caso, desde las autoridades se ha desplegado una campaña de odio contra de la Normal Rural de Ayotzinapa, los padres de los 43, los estudiantes y las organizaciones que los respaldan.
elmm