La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general y en lo particular una reforma al artículo 4 de la Constitución, la cual reduce de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores puedan recibir la pensión universal.
Esta modificación también establece la pensión universal para personas con discapacidad menores de 65 años y contempla la obligatoriedad del Estado para garantizar la rehabilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años.
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Tras 11 horas de debate, el proyecto fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. La votación en la Cámara de Diputados resultó en 483 votos a favor, mostrando un consenso amplio entre las diferentes fuerzas políticas.
¿En qué consiste la reforma a la pensión universal?
La reforma no sólo modifica el acceso a las pensiones, sino que incluye otros cambios de gran alcance. Entre ellas, la modificación del artículo 27 para elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida y establecer precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo. Este programa busca garantizar un jornal seguro y justo para los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales y maderables, además de otorgarles fertilizantes gratuitos. Asimismo, se otorgará apoyo a los pescadores de pequeña escala.
Asimismo, el Estado también tendrá la responsabilidad de asignar los recursos presupuestarios suficientes y oportunos para garantizar los derechos establecidos en el artículo 4, de manera progresiva, estableciendo que el monto de estos recursos no podrá disminuirse en términos reales con respecto al año anterior, asegurando la estabilidad y el crecimiento de estos programas.
¿Qué impacto tendrá la reforma a la pensión universal para adultos mayores?
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la implementación de esta reforma tendrá un impacto presupuestal significativo, calculado en 71 mil 268 millones de pesos.
Durante el debate en lo particular, se admitió una única modificación presentada por la legisladora Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Esta modificación cambió el enunciado “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” por “toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada”, en un esfuerzo por hacer más inclusivo el texto constitucional.
En cuanto a las posiciones de los partidos, el diputado Gabriel García de Morena destacó que la reforma es parte de lo que llamó el "nuevo humanismo mexicano" y que responde a la necesidad de garantizar la igualdad y la redistribución de la riqueza. Por su parte, el PAN, a través del diputado Diego Ángel Rodríguez, apoyó la reforma, pero con críticas al expresidente López Obrador, al que calificó de “falso mesías”, aunque reconoció la importancia de los programas sociales.
Por su parte, el diputado Raúl Lozano, de Movimiento Ciudadano, respaldó la reforma pero señaló el uso electoral de los programas sociales, denunciando que en procesos electorales anteriores se había condicionado el voto a la permanencia de estos apoyos. Por su parte, los legisladores priistas, como Carlos Gutiérrez, reivindicaron la paternidad de los programas sociales, afirmando que estos son reflejo de la ideología del PRI.
La sesión concluyó con una acalorada confrontación entre diputados del PRI y de Morena, evidenciando las tensiones políticas en torno a los programas sociales y su historia en el país.
La aprobación de esta reforma tiene un gran impacto social, ya que no sólo reduce la edad para recibir la pensión de adultos mayores, sino que también refuerza el compromiso del Estado para garantizar derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda adecuada y el apoyo a personas con discapacidad.
Además, eleva programas como Sembrando Vida a rango constitucional, lo que asegura su continuidad y protección presupuestaria. Este avance es un paso importante hacia una mayor equidad y justicia social, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad financiera para grupos vulnerables.
AFV