Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de lareforma al sistema de pensiones que se aprobó el pasado 1 de mayo.
En conferencia de prensa, el panista Jorge Romero; el priista, Rubén Moreira; y la perredista, Elizabeth Pérez, anunciaron el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que el gobierno federal se apodere de los ahorros de los mexicanos.
Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.
“El día de hoy con la firma de todos los diputados de los tres partidos se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN y esperamos que el procedimiento sea rápido para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, explicó Rubén Moreira.
Además, el ex gobernador de Coahuila también mencionó que las afores de las personas mayores se encuentran en peligro porque las finanzas del país están en riesgo por el déficit de 2 billones de pesos que se aprobó para este año a tal grado que catalogó que “tenemos un México quebrado”.
El panista Jorge Romero argumentó que, en defensa del pueblo, la acción de inconstitucionalidad busca evitar que en México se comiencen a confiscar los bienes personales y que la SCJN vote en favor del pueblo de México.
“Por más que lo quieran maquillar, por más que quieran decir que sigue de una manera individualizada, lo que hicieron sin preguntarte fue quitarte tu dinero, y eso en este país es ilegal, es confiscar tus bienes, algunos dirán que eso es robarte tus bienes, porque equivale a que mañana te enteraras que el gobierno sustrae tus ahorros de una cuenta bancaria”, explicó.
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¿Qué es el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de pensiones?
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, se trata de un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales.
Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores y las legisladoras federales o locales o, quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33 por ciento del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna.
También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: el Procurador General de la República; los partidos políticos con registro ante el INE; o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; así como la CNDH y los organismos locales en la misma materia.
KGA