La integridad de las instituciones de seguridad en Michoacán vuelve a ponerse en entredicho tras el inicio de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cuatro elementos activos de la Guardia Civil fueron detenidos en flagrancia en Morelia, luego de ser señalados de extorsionar a una pareja de origen extranjero bajo la amenaza de deportarlos.
¿Qué se sabe sobre la presunta extorsión cometida por los oficiales?
Los hechos se registraron el pasado 29 de diciembre en la colonia Lomas de Morelos. Según los datos recabados por la autoridad, los oficiales se encontraban realizando labores de vigilancia en las inmediaciones de un inmueble cuando una pareja arribó al lugar buscando a los residentes del domicilio.
Al interactuar con el hombre, uno de los agentes detectó un acento centroamericano, momento en el que presuntamente comenzó el amedrentamiento con la intensión de extorsionarlo.
Bajo el argumento de que su estancia en el país era irregular, los uniformados exigieron la suma de 20 mil pesos a cambio de no ponerlo a disposición de las autoridades migratorias. Ante el temor de ser deportado, la víctima contactó a sus familiares para realizar una transferencia bancaria inmediata por dicha cantidad.
No obstante, la ambición de los oficiales no se detuvo ahí; de acuerdo con los reportes, uno de los agentes continuó presionando a las víctimas para obtener una suma mayor de dinero.
¿Cómo se denunció el delito?
La situación dio un giro inesperado cuando un segundo grupo de policías arribó al sitio para incorporarse a las tareas de vigilancia. Las víctimas aprovecharon el momento para denunciar lo que estaba ocurriendo ante los recién llegados.
Como prueba irrefutable, presentaron una captura de pantalla de la transferencia realizada y un video grabado con un teléfono celular donde se escucha claramente la negociación y las exigencias de los elementos implicados.
Ante el señalamiento directo y las evidencias presentadas, se procedió a la detención inmediata de Bárbara Aidee 'N' (35 años), Carlos Alberto 'N' (23 años), José 'N' (25 años) y Sebastián 'N' (21 años). Los cuatro servidores públicos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por el probable delito de extorsión.
LG