México es un país igual de riesgoso para ejercer el periodismo y para personas que vigilan el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Sólo que, según estadísticas de fuentes oficiales, el Estado ha descuidado a unos y puesto más énfasis en otros. La protección para personas que trabajan de manera formal o independiente en medios de información disminuyó en los últimos años de manera sustancial, mientras que los mecanismos para cuidar a activistas pro derechos humanos se duplicaron a lo largo de este sexenio.
Para evidenciar esta política desigual de protección, mientras en el periodo de 2015 a 2018 hubo 2 mil 253 medidas hacia periodistas, de 2019 a 2022 bajaron a mil 618, lo que representa una caída de 28 por ciento. Eso afecta, por ejemplo, a un menor número de escoltas y acompañamientos, inmuebles con infraestructura suficiente, botones de asistencia, patrullajes o números de contacto para emergencias.
En 2015 el número de medidas de protección para periodistas ascendía a 467. En 2021 disminuyó a 459 pero en 2022 la caída fue mayor: sólo se dieron 127 medidas. Casi la mitad de los agresores son servidores públicos como gobernantes, policías o militares.
En cambio, de acuerdo con información generada en la Secretaría de Gobernación (Segob), las cifras de medidas de protección ordinarias otorgadas a defensores de derechos humanos han aumentado –si bien ligeramente– en este sexenio, comparadas con el anterior. De 2015 a 2018 se otorgaron 2 mil 116 medidas, y de 2019 a 2022 fueron 2 mil 208. Fue notable que en 2019 el número de medidas de protección aprobadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección tuvo un récord de mil 24.
Los datos de Segob reflejan que hoy son mil 667 las personas beneficiarias. El 66.7 por ciento corresponde a defensores de derechos humanos, con un total de mil 112. De ellas, 335 fueron incorporadas en los últimos cuatro años del sexenio pasado y 643 en los primeros cuatro del presente. El aumento fue de 92 por ciento.
Al igual que sucede con los afectados por la violencia en el gremio periodístico, las agresiones y amenazas hacia quienes abogan por los derechos humanos provienen de gente que trabaja en distintas áreas gubernamentales, locales y federales.
Periodismo, oficio de alto riesgo
Natividad Ambrosio Cuevas huyó de Iguala, Guerrero en agosto de 2020, después de que ella y varios colegas fueron amenazados por documentar la violencia y corrupción en la ciudad. Los criminales le advirtieron a la periodista que la asesinarían si seguía informando sobre los homicidios entre grupos rivales.
Natividad, además, había reportado sobre actos de corrupción en el municipio gobernado entonces por Antonio Jaimes Herrera, del partido Morena. Por esos días unos sujetos balacearon el periódico donde laboraba, El Diario de Iguala y la conclusión fue irrefutable: irían tras la reportera.
Ella y varios periodistas se desplazaron de sus ciudades y comunidades por su cuenta o con ayuda del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Segob. Natividad buscó la ayuda federal, pero le fue negada. “El personal del mecanismo me dijo que en ese momento no me podía ayudar con dinero o extracción porque determinaron que yo no tenía riesgo”, recuerda.
Sin embargo, fue socorrida por organizaciones civiles. La sacaron de Iguala y la reportera permaneció un par de meses en otra ciudad, a la espera de que el peligro disminuyera.
La desprotección de Natividad por parte de esa área federal no es un caso aislado. “Hemos acompañado a diversos periodistas amenazados y nos preocupa la calidad de los análisis de riesgo que realiza el Mecanismo, porque muchas veces no coincide el nivel del peligro con las conclusiones del plan de protección propuesto por las autoridades”, determina Itzia Miravete, coordinadora de Prevención del área de Protección y Defensa de la organización Artículo 19 México y Centroamérica, que defiende la libertad de expresión.
En su informe Voces contra la indiferencia, presentado a finales de marzo de 2022, la organización documentó que, con 696 ataques contra la prensa, ese año se convirtió en el más violento para el gremio periodístico desde 2007. Además, junto con 2017 registran la cifra más letal de asesinatos de periodistas: 12 en cada periodo.
Pese a esa violencia, de acuerdo con los datos entregados por la Segob vía transparencia, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección ha otorgado menos medidas de protección ordinarias en los primeros cuatro años de gobierno federal actual si se compara con las entregadas los últimos cuatro años del sexenio anterior.
Fueron 2 mil 253 medidas para periodistas entre 2015 a 2018, pero sólo mil 618 de 2019 a 2022: casi un tercio menos.
Que no haya análisis de riesgo adecuado, señala Miravete, genera que las medidas de protección no sean las idóneas. “El mecanismo se ha enfocado en dar botones de asistencia, que pagan a particulares, pero las medidas que tienen que ver con coordinación con autoridades estatales, por ejemplo, los rondines, no se implementan correctamente. La queja es que hay un rondín un día y luego, no vuelve a presentarse el policía”, declara.
Por su experiencia, Natividad analiza que este mecanismo discrimina al seleccionar quiénes merecen o no las medidas cautelares, según el impacto de riesgo que ellos dictaminan: “Se basan en las estadísticas de seguridad que genera la Segob para determinar quién está en riesgo para darle escolta o extraerlo”.
Periodistas lanzados a su suerte
Bajo su propio riesgo, Natividad regresó a Iguala dos meses después de su desplazamiento forzado. “Volví con la bendición de Dios, y así sigo”, admite. El Mecanismo de Protección le otorgó un timbre de vigilancia en su casa y un botón de asistencia, que el año pasado estuvo descompuesto por meses. Pidió cámaras de vigilancia, pero le dijeron que no tenían.
“El mecanismo funciona para localizarte en el último lugar en que te encuentres. Sirve para las personas que ya tienen una bala en la frente o si ya las secuestraron, torturaron o balacearon su casa. Así sí te incorporan”, argumenta Natividad, quien considera que el mecanismo no funciona, pues en realidad se requieren evaluaciones de riesgo desde el lugar de los hechos, no con estadísticas de seguridad.
Itzia Miravete, de Artículo 19, coincide en que los planes de protección son incompletos. Como Natividad, hay periodistas que no reciben un refugio, aunque lo necesiten. Extraer a una persona, señala, es una medida extrema.
“Además del impacto que genera, la persona se queda sin vivienda ni trabajo. Por eso se requieren planes de retorno, trabajar con la persona para facilitar que vuelva a la vida que tenía antes”.
Un patrón preocupante es el que detecta Itzia: “Muchas veces, a pesar de que existen agresiones directas, el Mecanismo argumenta que el riesgo ya disminuyó y quita medidas a periodistas y defensores de derechos humanos. No explican cómo llegaron a esa conclusión, pero así operan”.
Cuando se analiza el fenómeno más integralmente, suele suceder que el o los agresores que provocaron el desplazamiento siguen en el lugar de los hechos con poder económico y político. No han sido sancionados y el riesgo persiste para los periodistas. Hay casos en los que, a pesar de que continúan las agresiones, cancelan los refugios y otras medidas que generan gastos, como escoltas y automóviles.
Alberto Xicoténcatl, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, confirma que con la nueva administración federal se registró un aumento significativo en el número de personas que solicitaron ingresar al mecanismo, y que este tiene la capacidad para proteger, pero no siempre existe la voluntad de hacerlo.
Revela que la Junta de Gobierno da más prioridad a cuidar el recur so económico que a las personas beneficiarias. “Se nos dice que el presupuesto es limitado y que las medidas son muy caras, y bajo este principio estamos”.
En la mira, defensores de derechos humanos
Jesús Medina Aguilar ha sido forzado a desplazarse dos veces por su trabajo de defensa de la tierra y el territorio. La primera vez fue en 2017 y la segunda hace menos de un mes. Se opuso, junto con otras personas defensoras, al Proyecto Integral Morelos, que incluye dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca.
Hace seis años fue amenazado y sobrevivió a un atentado. Huyó de la zona para salvar su vida y la de su familia y hallaron refugio en la Ciudad de México. “El gobierno del estado de Morelos quiso apropiarse de una parte del bosque, se formó un grupo de defensa del territorio y el proyecto fue desechado”, narra Jesús.
El grupo siguió unido y se convirtió en el Colectivo del Volcán, con una radio comunitaria en Tetela del Volcán, en el noroeste de Morelos, zona que corresponde al volcán Popocatépetl y que es rica en agua y otros minerales.
Tiempo después, Jesús volvió a Morelos para recuperar la radio y denunciar que el “proyecto más ambicioso del estado”, incluye la explotación exacerbada de agua para alimentar termoeléctricas de ciclo combinado. Oponerse ha costado la vida de varios defensores, y el riesgo de muerte contra Jesús volvió hace unas semanas, pero pudo escapar de nuevo. “Nos hemos enfrentado a un verdadero monstruo: la Comisión Federal de Electricidad y las empresas involucradas. No termina la historia”.
De acuerdo con los datos entregados por la Segob, las cifras de medidas de protección ordinarias otorgadas a defensores de derechos humanos sufrieron un aumento este sexenio si se comparan con el anterior. La subida pudo corresponder “a que las agresiones contra personas defensoras aumentaron debido al incremento de los megaproyectos de las empresas trasnacionales que hacen extracciones, y al discurso de actores políticos que estigmatiza a defensores”, sostiene Xicoténcatl, cabeza del Consejo Consultivo de protección a defensores y periodistas.
Pero a partir de ese atípico 2019, cuando se registraron mil 24 medidas, la protección ha disminuido. Hasta agosto de 2022 apenas sumaban 123, un descenso de 87.9 por ciento.
“El hecho es que continúan tanto un discurso como acciones que generan agresiones en contra de los pueblos y comunidades que defienden sus territorios y recursos naturales”, dice Alberto Xicoténcatl.
Los funcionarios son los principales agresores
Hay una constante, un común denominador al revisar las estadísticas de atentados y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos: los agresores son funcionarios públicos, quienes, en muchas ocasiones, actúan en connivencia con grupos criminales o empresariales.
La periodista Natividad está convencida de que ella y sus colegas son amenazados por funcionarios y elementos del crimen. De acuerdo con las propias estadísticas de Segob, los que más agreden a periodistas son servidores y esa ha sido la tendencia desde la creación del Mecanismo de Protección. Xicoténcatl, por su lado, considera que se registra una agresión fuerte cuando una persona periodista “se atreve a evidenciar una práctica negativa del gobierno”. Califica de “complejo y esquizofrénico” que sea el propio Estado el que amenaza y genera el riesgo y, al mismo tiempo, articule mecanismos de protección.
Lo cierto es que el número de funcionarios agresores de periodistas ha ido en aumento desde el año 2016. La cifra total de servidores señalados es de 90 en los últimos tres años de la administración pasada y es de 125 en los primeros tres años de la presente. El aumento es de 38.8 por ciento.
Xicoténcatl señala que las solicitudes de ingreso al Mecanismo son altas pero las incorporaciones son bajas. En 2022, de 94 presentadas por periodistas, no se admitieron 34. Existe, pues, un rezago importante. En 2019 fueron beneficiados 102 periodistas, pero para 2022 bajó a 62. No es que se registren menos agresiones, sino que el filtro para conceder la protección se ha hecho más riguroso, no suele reconocer las agresiones al trabajo realizado por los y las reporteras y sí se fija en situaciones de su vida personal.
Quienes deciden el acceso es personal de la Junta de Gobierno de la Segob, formada por nueve votos, cuatro de la sociedad civil y cinco de dependencias federales como la Cancillería, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Es prácticamente imposible que las demás dependencias contradigan la resolución de Gobernación”, dice Xicoténcatl, pues las sociedades civiles son minoría. “Aunque existen argumentos de peso para incrementar medidas duras, si Gobernación dice que no, ninguna institución, incluyendo la CNDH, va en contra”, expone.
Alianza perversa entre funcionarios y empresas
A Jesús Medina Aguilar, en su retorno a Morelos, el Mecanismo lo reubicó en un refugio y le entregó un botón de asistencia. Tiene, además, acompañamiento de la Guardia Nacional o escoltas cuando visita zonas boscosas donde hay tala clandestina. “Hay lugares donde ya no puede hacerse defensa, nadie difunde porque son zonas silenciadas”, informa. Los agresores, considera, son grupos criminales, autoridades y empresas que trabajan en conjunto. Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica, que lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, dice que en este sexenio ha aumentado casi en 50 por ciento las personas incorporadas al Mecanismo por riesgo en su ejercicio, tal como señalan los datos de la Segob.
“Los principales agresores son las autoridades, es una dinámica perversa”, advierte Mendiola, “porque el propio Estado mexicano, encargado de proteger a las personas y los derechos humanos, es el agresor. De este cúmulo de personas agresoras, no deben escaparse las empresas, que son de los agresores principales”.
Alberto Xicoténcatl expone que, en las entrevistas para efectuar los análisis de riesgo, las personas mencionan que sus agresores son instituciones o personas civiles, pero hay “empresas extractoras, como las mineras, que contratan grupos delictivos que, al final, trabajan con la anuencia de los gobiernos de los estados”.
Lamenta que las denuncias señalan a los agresores con nombre y apellido, pero las autoridades no hacen investigaciones efectivas. “No hay sanción. Las y los funcionarios agreden, son los mismos actores bajo un nuevo partido”.
Los datos de Segob revelan que, desde el 2012, 189 servidores han sido los presuntos agresores de las personas defensoras de derechos humanos. El número de funcionarios perpetradores aumentó este sexenio. Los agresores particulares, por otro lado, fueron 180.
Sara Mendiola coincide en que son más funcionarios agresores por el “discurso estigmatizador contra defensores” en este sexenio. “El Estado mexicano ha fracasado en su protección porque no atiende de manera eficaz y efectiva la crisis de violencia contra este grupo”.
Medidas de protección deficientes
Los pendientes para proteger efectivamente son muchos, opinan las voces consultadas. Jesús Medina enfatiza que el Mecanismo de Protección debe ser preventivo. “Que se cruce información con las dependencias de seguridad para que se generen planes de protección para cada zona de riesgo”, propone.
En la zona donde opera de Morelos, todo colectivo y organización está en riesgo en este momento, detecta. “Hay un clima de desestabilización desde el gobierno”.
Alberto Xicoténcatl dice que lo ideal es que las medidas de protección sean integrales para la protección de la persona, lo que no está sucediendo. “Cuando una persona sale del mecanismo no es porque las medidas son efectivas y se haya logrado su seguridad, sino porque un líder de un cártel fue asesinado, por ejemplo. El riesgo disminuye o desaparece, pero no tiene que ver con la estrategia del mecanismo”.
Una limitante severa que detectan los consultados es la inexistencia de medidas específicas que involucren a autoridades de seguridad pública. No existe una policía propia del mecanismo, sino que se acude a la Guardia Nacional, al ejército, las policías estatales y municipales. Si existe una emergencia, el mecanismo pide la intervención de las policías.
“Se complejiza porque se trabaja con las debilidades institucionales históricas de todos los niveles, tienen una respuesta insuficiente, no hay una política de Estado de seguridad para personas defensoras y periodistas”, concluye Xicoténcatl.
“Las medidas no protegen”, exclama categóricamente Sara Mendiola. “Desde el 2014 al menos 10 personas que formaban parte del mecanismo han sido asesinadas. Esto revela que los planes no cumplen con el objetivo de proteger la vida de las personas”.
Ella misma informa que de 2020 a 2022 existe una constante insistencia por parte del Mecanismo para cerrar expedientes, se quita protección a personas argumentando que ya no necesitan protección.
Mendiola las califica de “valoraciones infundadas” porque son personas defensoras y periodistas que aún están en riesgo, y a personas no acompañadas por organizaciones civiles, se les cerraron sus casos. “No les queda más que sobrevivir al riesgo sin la más mínima protección”.
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