El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, defendió que se mantenga la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos graves, pues aseguró que quitar la medida podría generar actos de corrupción y pondría en riesgo a jueces, víctimas y testigos, con lo que respaldó la postura de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre el tema.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario utilizó los casos mostrados en la sección "Cero Impunidad" para destacar que líderes criminales como "La Vaca", identificado como uno de los principales generadores de violencia en Colima, o incluso secuestradores podrían estar libres si no fuera por la medida cautelar
"Si se está al arbitrio de que cada detención sea el juzgador el que resuelva puede dar lugar en múltiples casos de corrupción, mercadeo de abogados, jueces, incrementa peligrosidad para los jueces, para la víctima que se atreve a denunciar, para los testigos y sobre todo es una amenaza para la sociedad porque estos individuos seguirían en libertad", dijo.
Agregó que la prisión preventiva es importante para atender determinados delitos, además de que se aplica de manera automática y no queda al arbitrio de los juzgadores.
Ayer, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la prisión preventiva oficiosa al considerarla fundamental para evitar que los presuntos delincuentes se evadan de la justicia, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen a testigos en represalia por su detención.
En un comunicado conjunto, difundido por la Presidencia de la República, las dependencias advirtieron que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.
"Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad", dice el comunicado.
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