La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha desclasificado una acusación formal que señala directamente a Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado de Sinaloa, por su presunta vinculación con el crimen organizado.
Según los documentos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rocha Moya enfrenta cargos criminales graves relacionados con el narcotráfico internacional y el uso de armamento de alto poder.
Los cargos principales contra Rocha Moya
De acuerdo con el pliego de cargos presentado ante la jueza de distrito Katherine Polk Failla, el gobernador de Sinaloa es acusado de los siguientes delitos federales:
- Conspiración para la importación de narcóticos: Se le señala por participar en una red dedicada a introducir cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos.
- Posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos: El gobierno estadounidense sostiene que el funcionario estuvo involucrado en delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo militar en el contexto de sus actividades ilícitas.
Vínculo directo con "Los Chapitos"
La investigación liderada por la DEA y fiscales federales indica que Rubén Rocha Moya ha mantenido una alianza estratégica con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos", dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Las autoridades alegan que Rocha Moya abusó de su autoridad para proteger a los líderes del cártel de investigaciones y arrestos, permitiéndoles operar con total impunidad dentro del estado de Sinaloa.
Se detalla que el gobernador participó en reuniones con miembros de esta organización criminal, tanto antes como después de asumir su cargo, donde presuntamente se comprometió a facilitar la distribución de drogas hacia territorio estadounidense.
Cuestionamientos sobre su elección en 2021
Uno de los puntos más críticos de la acusación es que Rocha Moya habría llegado a la gubernatura de Sinaloa, posición que ocupa desde noviembre de 2021, gracias al apoyo violento de "Los Chapitos".
Según el Departamento de Justicia, la organización criminal intervino directamente en el proceso electoral mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos para asegurar su victoria. En agradecimiento por este respaldo, el gobernador habría vendido su oficina a cambio de protección política para el cártel.
Sentencia y estatus legal
Debido a la gravedad de los cargos, Rubén Rocha Moya enfrenta una pena que oscila entre un mínimo obligatorio de 40 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.
Actualmente, las autoridades estadounidenses creen que el gobernador reside en México. Es importante destacar que, bajo el sistema legal de los Estados Unidos, los cargos contenidos en la acusación son únicamente alegaciones y el funcionario se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
DR