El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya, quien antes de ser mandatario fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y senador por el partido Morena, es señalado junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por facilitar el tráfico masivo de drogas a cambio de sobornos.
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA sostienen que esta red de corrupción permitió que el estado de Sinaloa se consolidara como el epicentro geográfico del tráfico global de narcóticos hacia territorio estadounidense.
¿De qué se le acusa al gobernador de Sinaloa?
De acuerdo con los documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a Rocha Moya se le imputan tres cargos criminales principales:
- Conspiración para la importación de narcóticos (incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas)
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- Conspiración para poseer dicho armamento.
La acusación detalla que Rocha Moya mantuvo una alianza estratégica con la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Se alega que este grupo criminal aseguró su victoria electoral en noviembre de 2021 mediante tácticas violentas, como el secuestro y la intimidación de opositores políticos.
En retribución, el gobernador presuntamente asistió a reuniones con líderes del cártel para garantizarles protección oficial y permitir que sus operaciones continuaran con total impunidad en el estado.
Además, la fiscalía sostiene que bajo su mando se utilizaron diversas corporaciones de seguridad, como la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, para escoltar cargamentos de droga y filtrar información de inteligencia militar a los miembros del cártel.
Por estas acciones, Rocha Moya y sus colaboradores habrían recibido millones de dólares en sobornos.
Entre los coacusados figuran personajes clave como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el secretario Enrique Díaz Vega y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El caso es de tal gravedad que, de ser hallado culpable, el gobernador de 76 años enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua.
Las autoridades estadounidenses recalcaron que ningún funcionario, independientemente de su posición, está por encima de la ley cuando se trata de proteger a las comunidades del tráfico mortal de drogas.
TEHV