Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B.
El ministro Alberto Pérez Dayán dio entrada al caso, donde el INE alega una invasión a sus facultades.
De acuerdo con registros judiciales, se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales.
En el acuerdo publicado por el ministro Pérez Dayán se menciona que el INE sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional.
“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indica el acuerdo de admisión.
¿En qué consiste el 'Plan B' de la Reforma Electoral y cuáles son sus implicaciones?
El 'plan B' de la Reforma Electoral, que será analizada por los senadores, contiene implicaciones regresivas al sistema electoral mexicano y de aprobarse provocaría en la ciudadanía desconfianza en la protección de sus datos personales, consideró Leonardo Méndez Márquez, Ejecutivo de la 11 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Puebla.
“Se intentó reformar la Constitución, para lo cual se necesita una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de cada una de las cámaras, no se logró esta mayoría, entonces por eso se denomina el famoso plan B”, explicó Méndez Márquez durante una entrevista para TELEDIARIO PUEBLA CANAL 6.
“Porque al no poderse reformar la Constitución se establece una serie de reformas, un paquete de reformas que no es sólo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, eso es importante decirlo, son seis leyes las que se pretende reformar, dos de ellas ya están en vigor, que son la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos”.
Recordó que ambas ya fueron impugnadas y destacó que la Suprema Corte de Justicia ya concedió una suspensión provisional en su aplicación.
Acompañado de Diana Ríos Hernández, vocal de la organización electoral distrital, Leonardo Méndez advirtió que de quedar vigente esta reforma secundaria afectaría el manejo del Padrón Electoral.
“Ahora el gobierno intervendría, se rompería con ese principio de independencia porque la Secretaría de Relaciones Exteriores quedaría facultada para validar el Listado Nominal de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior”.
Comentó que “este es un primer elemento que el INE considera que va, por supuesto, en contra de la Constitución porque ésta establece como autoridad exclusiva al INE para el manejo del Padrón Electoral”.
Otro factor que advirtió es que el INE pierde autonomía para tomar decisiones al interior justamente de la conformación del Padrón.
Señaló que la reforma electoral propone que la información se traslade a instituciones públicas, que no reúnen las condiciones para garantizar el resguardar los datos personales.
cog