Los militares ya no podrán intervenir llamadas telefónicas de civiles sin autorización de un juez, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de México al invalidad una norma que así lo permitía.
La resolución fue respaldada por 8 de los 11 ministros del máximo tribunal que invalidaron la norma prevista en el código militar de procedimientos penales, vigente desde mayo del 2016. Ese precepto legal fue impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la normativa.
Su aplicación será de forma retroactiva desde el 2016, lo que abre el camino para que todos los enjuiciados desde hace siete años por intervenciones telefónicas de los militares puedan impugnar los procesos alegando el uso de pruebas ilegales.
Esta decisión se toma en medio de crecientes cuestionamientos contra la participación de los uniformados en labores de seguridad pública y las denuncias de hackeo por parte del Ejército a los teléfonos móviles de activistas.
El proyecto de sentencia fue promovido por el ministro de la corte Luis María Aguilar quien afirmó que algunos de los controles previstos en el código militar para las intervenciones de llamadas no eran claros ni suficientes.
Aguilar sostuvo que la normativa “puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial (militar), al poder realizarla, no solo respecto de personal militar sujeto a una investigación sino sobre personas ajenas al fuero castrense”.
La CNDH alegó que solo los jueces federales tenían facultad para intervenir las comunicaciones privadas y que si las Fuerzas Armadas requerían la intervención debían solicitarla a un tribunal.
La Suprema Corte de Justicia inició el lunes la discusión del proyecto de sentencia para declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que aprobó el año pasado la mayoría oficialista del Congreso. El debate se espera que continúe el martes.
Sergio Méndez, abogado de la organización civil local Fundación para la Justicia -que defiende el Estado de Derecho y apoya a las víctimas de violaciones de derechos humanos- consideró como “muy importante” la decisión de la Suprema Corte porque “establece límites” a los procedimientos de investigación militar, pero manifestó dudas de que el Ejército cumpla la sentencia.
“El grave problema es que la Fuerza Armada no está acatando el marco constitucional”, dijo Méndez a la AP y agregó que los miles de correos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo de hackers conocido como Guacamaya revelaron que los militares han incurrido en espionaje telefónico incumpliendo lo que establece la legislación mexicana.
La decisión sobre las intervenciones telefónicas se da tras semanas de cuestionamientos contra la participación de los militares en labores de seguridad pública que se intensificaron luego del asesinato en febrero de cinco jóvenes desarmados a manos de militares en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas.
Organizaciones humanitarias denunciaron el mes pasado que Sedena utilizó el software de espionaje Pegasus para intervenir comunicaciones de activistas que investigaban casos de violaciones de derechos humanos y, en particular, reportaron el caso del activista Raymundo Ramos, quien fue el primero en denunciar el asesinato de los jóvenes en Nuevo Laredo.
En respuesta a la denuncia de las organizaciones humanitarias, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la fuerza armada no realiza espionaje telefónico, sino investigación para enfrentar al crimen organizado. “Se tiene que hacer investigación, que no espionaje… Porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer investigación, inteligencia para no usar la fuerza”, agregó.