La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió un sistema antidrones para crear una “No Fly Zone” (lugar libre de vuelo de drones), en Palacio Nacional y sus inmediaciones - 34 mil 300 metros cuadrados -, con el fin de evitar que se vulnere la seguridad y la privacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante ataques, espionajes o hackeos.
La Sedena señaló que se han detectado sobrevuelos de drones no autorizados en zonas cercanas al recinto histórico, los cuales - según la institución castrense - podrían ser utilizados para atacar con material explosivo o venenoso el sitio donde vive el mandatario, o bien, robar información.
“Los usos de drones maliciosos pueden tener diferentes fines, entre ellos; ataques por medio de drones con material explosivo venenoso y ataques con drones adaptados con armas de fabricación casera. Realizar espionaje que pueda vulnerar la privacidad de actividades tácticas, así como ataques de hackeo o robo de información, por medio de equipo de recopilación electrónica atado a drones (IMSI cátcher furtivo casero) o equipo de robo de información IP”.
Lo anterior fue descrito en el contrato firmado entre la Sedena y la empresa “Soluciones Tecnológicas y Protección Aeroespacial S.A. de C.V.”, del cual MILENIO tiene una copia, para la adquisición de un sistema antidrones, cuyo costo fue de 5 millones 487 mil 356 pesos.
“Todos los países del mundo ya necesitan estos sistemas, porque es tan extendido el uso de los drones con fines de espionaje, y también con fines criminales, inclusive terroristas, que todos los países necesitan estos sistemas para proteger a sus primeros mandatarios”, señaló Gerardo Rodríguez, especialista en Seguridad Nacional.
De acuerdo con el contrato, este sistema tiene la capacidad de inhibir las bandas de navegación satelital GPS L1 y L2, así como las bandas de control 2.4 y 5.8 GHz, 433 y 900 MHz, utilizadas para drones de largo alcance y funciones adicionales de telemetría.
El sistema consiste en seis equipos dirigidos hacia el exterior, los cuales utilizan técnicas de procesamiento de señal, para emitir interferencias e impedir la comunicación entre drones y controles.
“Los equipos bloquean todas las comunicaciones requeridas para el correcto funcionamiento de los drones. Inhiben las frecuencias vigentes de drones comerciales e impiden la comunicación entre el dron y la terminal.
También imposibilitan la geolocalización del dron al bloquear el espectro satelital, donde las frecuencias de GPS o GLONASS funcionan”, detalló el documento.
El sistema se compone de seis “dronelander” con igual número de canales para bloquear Bluetooth, WIFI y RC de drones comerciales, así como GPS.
“Los seis canales funcionan de manera independiente, tienen un slot extra para ampliaciones de banda, puerto ethernet RJ45 para conexión al sistema de monitoreo, alimentación eléctrica, temperatura de funcionamiento ambiental de -10 grados hasta 50 grados centígrados, así como gabinete hermético que aísla los componentes de humedad”, explicó el contrato.
“Estos aparatos lanzan señales que inhiben, desactivan y tiran este tipo de drones, son tan potentes estas señales que mandan, que desactivan este tipo de drones de mediano y largo alcance. Por supuesto que no van a ir contra los “predators”, que utiliza el ejército de los Estados Unidos.
Este tipo de aparatos ayudan a inhibir drones de uso comercial que pueden ser desplegados en inmediaciones de instalaciones estratégicas. Entonces, no es un equipo caro, por más que digamos que cuesta 5 millones de pesos o 6 millones de pesos, es terriblemente barato, para inhibir un ataque contra el jefe del estado mexicano”, explicó el especialista Gerardo Rodríguez, al ser consultado por MILENIO.
Consideró que este sistema era urgente en Palacio Nacional, al destacar que las medidas de seguridad del sitio donde vive y trabaja el presidente López Obrador, no son muy fuertes.
“Ya hemos visto que hay grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada que ya tienen acceso a esta tecnología que es muy barata. Un dron te puede costar entre mil, o 5 mil 500 hasta 3 mil dólares y pueden ya llevar dispositivos explosivos para atentar contra cualquier persona, entonces sí es absolutamente necesario este tipo de sistemas”, apuntó.
El contrato fue firmado en septiembre del año pasado por el director general de administración de la Sedena, Arturo Coronel Flores, el director del servicio de transmisiones Saúl Contreras Ojeda y el representante legal de la empresa Luis Alberto Fosado Vargas.
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