La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el interés de los mexicanos por llevar a juicio a mandatarios de sexenios anteriores es significativamente menor en comparación con el respaldo obtenido por la reciente Reforma Judicial.
Durante su conferencia matutina, la mandataria utilizó datos de participación electoral para sustentar que no existe un clamor masivo para enjuiciar a figuras de gobiernos pasados, a pesar de la narrativa de corrupción que rodea sus gestiones.
Sheinbaum asegura que al pueblo le importó más la Reforma Judicial que el juicio a expresidentes
De acuerdo con las cifras presentadas por la mandataria, la consulta popular efectuada en agosto de 2021, diseñada para decidir si se iniciaban procesos legales contra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, solo convocó a cerca de seis millones de ciudadanos.
En un marcado contraste, Sheinbaum resaltó que en la primera elección del Poder Judicial, celebrada el año pasado, participaron 13 millones de mexicanos, lo que representaría una validación social más contundente para los cambios estructurales actuales.
"Si hubiera habido un interés muy grande por juzgar a los expresidentes, hubiera habido una votación masiva", sentenció la presidenta desde el Salón Tesorería.
En su análisis, subrayó que el objetivo central de su administración no es la persecución judicial, sino marcar una diferencia clara entre el proyecto de la Cuarta Transformación y lo que ella denomina los "proyectos de nación" de sus predecesores, centrados, según sus palabras, en privilegios y corrupción.
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Como ejemplo de esta gestión dispar, mencionó que durante el gobierno de Felipe Calderón se recibieron más de 12 mil millones de dólares anuales por excedentes petroleros que terminaron en aumentos burocráticos y obras cuestionadas como la Estela de Luz.
En cambio, destacó que su gobierno destina actualmente un billón de pesos en apoyos directos al pueblo mediante una administración honesta.
Respecto al ámbito legal, Sheinbaum aclaró que, si bien la Fiscalía General de la República (FGR) posee autonomía constitucional para investigar y emprender acciones si existen evidencias sólidas, su gobierno se concentrará por ahora en consolidar el nuevo marco legal.
Precisó que, antes de plantear nuevas reformas a las fiscalías o al sistema penal, es imperativo asentar los 23 cambios constitucionales y las más de 60 leyes que han sido modificadas recientemente durante este periodo legislativo.
También, evocó el antecedente histórico de Luis Echeverría Álvarez, quien fue llevado al banquillo durante el sexenio de Vicente Fox en un proceso que terminó sin resultados tangibles debido a las fallas del sistema judicial de aquel entonces.
SCM