Dos universidades públicas, dos centros de investigación científica, un instituto educativo, una oficina para diseñar políticas de salud y un hospital gubernamental —todos en Sinaloa— dieron contratos millonarios a una farmacéutica ligada a Los Chapitos.
Se trata de la empresa Sumilab S.A. de C.V., que el 9 de mayo entró a la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC. por su sigla en inglés) de Estados Unidos, acusada de estar involucrada en actividades o transacciones para conseguir material para los hijos de Joaquín Guzmán Loera con el objetivo de ayudarles a potenciar el tráfico internacional de drogas ilegales.
Datos obtenidos por MILENIO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia arrojan que esa farmacéutica con sede en Culiacán, Sinaloa—donde Los Chapitos han construido un bastión para mantenerse lejos de las Fuerzas Armadas— ha crecido a costa del presupuesto público: desde 2018 y, al menos, hasta 2022, ha recibido 180 contratos estatales que le han significado ingresos por 28.2 millones de pesos.
Para otorgarlos, durante el gobierno estatal pasado y actual se usaron una red de dependencias principalmente del sector educativo: el dinero salió del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, el extinto Centro de Ciencias de Sinaloa, la Universidad Politécnica del Valle del Évora, la Universidad Tecnológica de Culiacán, la Coordinación General para el Fomento de la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, así como del Hospital Civil de Culiacán y Servicios de Salud de Sinaloa.
Esas seis dependencias dieron desde discretos contratos —como uno por mil 15 pesos— hasta jugosos negocios como el ISIFE-ADQ-LPE-FAM-UPMYS-006-2021 que se autorizó el 23 de junio de 2021 para darle 3.96 millones de pesos a Sumilab por medio del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa para “mobiliario y equipamiento para la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra”.
El 90 por ciento de esos contratos con cargo al erario a favor de la presunta empresa ligada al Cártel de Sinaloa se otorgaron por adjudicación directa, es decir, el gobierno estatal no indagó si había otro negocio que podía ofrecer el mismo servicio o producto con mejor calidad y a mejor precio.
En lugar de eso, Sumilab recibió el dinero público en automático y sin necesidad de comprobar que era la mejor opción.
Fuentes en Estados Unidos consultadas por este medio aseguraron que, hasta el momento, es imposible determinar cuánto de esos 28.2 millones de pesos del presupuesto público de Sinaloa habrían ayudado a enriquecer a Los Chapitos o a dinamizar su negocio de tráfico de fentanilo.
Recursos federales
Pero el gobierno de Sinaloa no es el único que ha metido billetes a la presunta empresa criminal. En la misma Plataforma Nacional de Transparencia también se pueden hallar los contratos públicos entre Sumilab y el gobierno federal.
De 2019 a 2022, el gobierno de México le otorgó 57 contratos al negocio culichi por un valor total de 3.77 millones de pesos. Lo ha hecho a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y el Instituto de Ecología.
Son contratos más pequeños y discretos —el más oneroso lo pagó el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo por 189 mil 155 pesos por lotes de reactivos de laboratorio— pero, a diferencia de los gobiernos de Sinaloa, el 100 por ciento fueron entregados por adjudicación directa.
No es la primera vez que con dinero público se financian empresas ligadas al Cártel de Sinaloa: en 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reconoció que el padrón del programa social Procampo debía actualizarse, después de que una investigación periodística descubrió que entre las personas que recibían subsidios para campesinos marginados había hermanos de Joaquín Guzmán Loera —Jesús, Ofelina y Aureliano, alias El Guano—, dos hijos de Ismael El Mayo Zambada y uno de los hermanos —Carlos— de los Beltrán Leyva, entre otros presuntos narcotraficantes.
El ingreso de Sumilab a la “lista negra” de la OFAC coincidió con un golpe más a Los Chapitos: ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, también fue incluido en ese catálogo de personas sancionadas, junto a una empresa más —del sector inmobiliario— y tres presuntos cómplices.
La consecuencia de estos nombramientos es que ninguna persona física o moral estadunidense puede hacer negocios con cualquier individuo, empresa u organización en la “lista negra” de la OFAC, ya que son oficialmente considerados narcotraficantes, terroristas o un riesgo creíble y medible para la seguridad interior de Estados Unidos.
“Los sancionados hoy son parte de una red del cártel de Sinaloa supervisada por Los Chapitos y responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos”, se lee en el documento oficial.
Con el nombre de Joaquín Guzmán López en ese inventario de presuntos criminales, los cuatro hijos varones de Joaquín Guzmán Loera ya están más cerca de la formulación de cargos criminales en Estados Unidos que podrían llevarlos a una prisión vitalicia, si son detenidos en México y extraditados hacia el país vecino.
El anuncio —que llega un día y 15 años después del asesinato de otro hijo del Chapo y hermano del Güero, Édgar Guzmán López— no incluyó un aumento en la recompensa por el llamado “cuarto chapito”, por lo que se mantiene la oferta de 5 millones de dólares para quien ofrezca datos al gobierno estadounidense que lleve al arresto de Joaquín Guzmán López.
Por sus otros dos hermanos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares desde el mes pasado.
Y por Ovidio Guzmán López, el gobierno de Estados Unidos espera a que se agoten los recursos jurídicos en México de sus abogados para completar su extradición y que sea juzgado en cualquiera de las tres cortes federales —Nueva York, Illinois y Columbia— por delitos relacionados por narcotráfico.
Para todos los hijos de Joaquún Guzmán Loera, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido que se les castigue con una cadena perpetua no revisable.
Este 4 de mayo, Los Chapitos enviaron una carta a MILENIO en la que aseguraron no ser productores de fentanilo ni estar relacionados con alguna actividad criminal, así como ser perseguidos por la agencia antidrogas DEA únicamente por ser hijos de Joaquín Guzmán Loera, quien cumple una cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.
“Del Cártel de Sinaloa no somos la cabeza ni estamos interesados en serlo, lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes, que tienen su base de operaciones en el estado o son integrados por personas de Sinaloa y operan en otras partes del país o incluso, en otras partes del mundo (...) Estos grupos operan de manera totalmente independiente a los demás y no nos rinden cuentas a nosotros ni se las solicitamos”, afirmaron Los Chapitos en la comunicación enviada a este medio.
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