Tres magistrados electorales tenían tres camionetas de lujo, pero poco les duró el gusto: a los tres se las robaron. Al tiempo recuperaron una, de la segunda no se sabe nada y la otra jamás regresó. Pero con el pago del seguro le compraron una SUV nueva a otra magistrada de Sinaloa. El asunto despertó el interés de los auditores locales.
Este extraño caso tiene su origen en 2016, cuando los magistrados del Tribunal Electoral de Sinaloa aprobaron en sesión solemne adquirir tres camionetas para que tres de ellos las utilizaran. Se trató de una compra inédita, pues antes de eso, sólo quien presidía el tribunal tenía derecho a un vehículo oficial.
La compra se hizo ese mismo año, pero poco les duró el gusto de tener un automóvil con cargo al presupuesto.
A principios de abril del 2017, dos de esas camionetas fueron robadas a punta de pistola con apenas una semana de diferencia. La prensa local dio cuenta de ello.
La primera magistrada en padecer los estragos de la delincuencia local fue Maizola Campos Montoya. El 11 de abril de 2017, dos personas le cerraron el paso y la asaltaron en un cruce vehicular en Culiacán.
Una semana después, el lunes 17 de abril, el magistrado Diego Medina Rodríguez fue despojado de su vehículo de lujo mientras se bajó a una farmacia a comprar agua.
Meses después de los asaltos, sólo una de las dos camionetas fue recuperada.
El tercer infortunio recayó en el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, quien tenía a su cargo una Toyota RAV4 XLE, pero también fue robada. El suceso ha quedado envuelto en una serie de acontecimientos confusos.
Según la Auditoría Superior del Estado, el robo de esa camioneta con valor de 374 mil 800 pesos ocurrió en 2019, pero fue reportado oficialmente a la administración del Tribunal hasta noviembre de 2020, supuestamente, según una auditoría, sin mostrar la copia de la denuncia que confirmara que fue despojada en un asalto.
No obstante, ahora el Tribunal asegura que la denuncia se presentó en 2018 y que en sus archivos sí cuentan con copia de la misma, aunque reconoce que no se presentó en su debido momento ante la Auditoría estatal para amparar la baja del inventario.
Consultado a través de un intermediario, el magistrado Torres Chinchillas da un nuevo dato: cuando robaron la camioneta, él no estaba a cargo de ella. La conducía un trabajador del Tribunal y fue ese empleado el que interpuso la denuncia.
Pero según su versión, el lío se complica: en ese tiempo, entre 2018 y 2019, la camioneta asignada a él, estaba bajo el resguardo de otra magistrada, Alma Leticia Montoya Gastelo.
A Montoya no se le compró SUV en 2016 porque al encabezar el tribunal, decidió quedarse con el vehículo que le correspondía como presidenta, una camioneta modelo 2012, pero al concluir su presidencia, ya pudo usar una camioneta más nueva, que terminó siendo robada.
Según el magistrado, sí se levantó la denuncia y con ésta, se logró que el seguro respondiera por el vehículo y con ese monto recuperado el Tribunal compró otra camioneta, pero ahora para la magistrada Carolina Chávez Rangel, de reciente ingreso al pleno.
De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Sinaloa encabeza la lista a nivel nacional en robo de vehículos con uso de violencia. Quizás los magistrados no lo sabían.
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