Tras las acusaciones emitidas por Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó oficialmente que recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, enfatizó que no cuentan con los elementos de prueba necesarios para determinar la responsabilidad de los individuos señalados.
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SRE turna solicitudes de detención y extradición a la FGR
La cancillería detalló que recibió dicha documentación el 28 de abril de 2026 a las 18:00 horas a través de la Embajada de los Estados Unidos, procediendo de inmediato a una revisión jurídica exhaustiva bajo el marco del Tratado de Extradición bilateral.
De acuerdo con la dependencia, el expediente ya ha sido turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual será la autoridad única encargada de evaluar la viabilidad de las solicitudes conforme a la legislación mexicana y determinar si existen pruebas suficientes que se ajusten al sistema jurídico nacional.
Por la misma situación, la postura anunciada de la SRE es el anuncio de un extrañamiento formal que será dirigido a la embajada estadounidense.
Esta medida diplomática responde a que la forma en que se dio a conocer la información vulneró las disposiciones de confidencialidad estipuladas en los tratados internacionales vigentes, afectando el procedimiento formal.
Respuesta de SRE se da tras acusaciones de funcionarios mexicanos
El pronunciamiento de la cancillería ocurre tras la difusión de una acusación formal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Según las investigaciones del fiscal federal Jay Clayton y la DEA, Rocha Moya es señalado por facilitar el tráfico masivo de drogas a cambio de sobornos y de mantener una alianza estratégica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Las imputaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York incluyen cargos graves como conspiración para la importación de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, así como la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Entre los coacusados destacan el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Las autoridades estadounidenses sostienen que bajo este mando se utilizaron corporaciones como la Policía Estatal de Sinaloa para escoltar cargamentos de droga y filtrar inteligencia militar al cártel.
Debido a la gravedad de estos delitos, de ser hallados culpables, los funcionarios podrían enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.
TEHV