El hallazgo de 48 fosas con 196 cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, no fue la gota que derramó el vaso ni tampoco el punto final para acabar con los enterramientos clandestinos. Estos continuaron a pesar de que el estado creó en 2013 un cuerpo de élite policial llamado Fuerza Tamaulipas y que la Marina y el Ejército fueron desplegados por todo el estado para combatir al crimen organizado y erradicar la violencia.
De 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) ha registrado 547 fosas clandestinas en Tamaulipas y 12 mil 67 personas desaparecidas o no localizadas, pero las cifras, de por sí escalofriantes, lucen conservadoras porque no coinciden con los reportes de los colectivos. Las Madres Buscadoras de San Fernando estiman haber participado en más de 300 hallazgos sólo en la zona de Reynosa, Matamoros, San Fernando, Soto la Marina, Tampico y Aldama.
Una masacre tras otra
El 6 de abril de 2011 se supo de las primeras fosas clandestinas con restos humanos encontradas en San Fernando, Tamaulipas. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de las investigaciones e informó del hallazgo de 48 fosas con 196 cadáveres. Los hechos se registraron ocho meses después de la masacre de 72 migrantes hallados en una bodega de ese mismo municipio.
En este último caso, la versión oficial sostiene que los migrantes iban a trabajar a Estados Unidos y fueron bajados de los autobuses de pasajeros por Los Zetas –que disputaban ese territorio con el Cártel del Golfo—, y ya sea por creer que eran sicarios del grupo rival o por negarse a trabajar para ellos, los asesinaron.
Por estos hechos, 74 individuos fueron detenidos, entre ellos 17 policías municipales a quienes la Procuraduría General de la República (PG) acusó de trabajar y cobrar en la nómina de Los Zetas.
La entonces PGR asumió los trabajos de identificación y cometió errores e ilegalidades como la cremación de cuerpos, algo improcedente cuando suceden muertes violentas, entregó restos a familias equivocadas, no permitió a los deudos abrir los féretros bajo el falso argumento de que ello representaba riesgo para la salud, y no entregó pertenencias ni papeles de las víctimas, lo que generó enormes dudas entre sus familiares.
Derivado de ello, en 2013 se creó una Comisión Forense encabezada por peritos independientes argentinos, cuyo objetivo fue restituir y garantizar procesos técnicamente certeros y más dignos para las familias. La Comisión recibió de la FGR 131 cuerpos, pues previamente ya se habían entregado 64 a sus respectivos deudos.
Hasta hoy se han identificado 66 víctimas y quedan pendientes 55 más, explica Fabienne Cabaret, subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, instancia que tiene la representación legal de algunas familias víctimas de la masacre y las fosas de San Fernando, entre otros hechos vinculadas con violaciones graves a derechos humanos en el país.
“En algunos casos se ha logrado la identificación de víctimas, pero dado lo vivido y la gran desconfianza de muchas familias hacia las fiscalías, no han accedido a la entrega de los restos, son familias mexicanas que han vivido el terror de la violencia”, explica la defensora.
La mayoría de los asesinados resultaron ser migrantes mexicanos procedentes de 15 estados, principalmente de Tamaulipas, Guanajuato y San Luis Potosí. Las víctimas migrantes centroamericanas eran de Guatemala, El Salvador y Honduras.
“En relación a la investigación de los hechos, podemos considerar que [muchos de los culpables] se mantienen en una situación de impunidad”, dice Cabaret.
El 11 abril de 2022 se emitió una primera sentencia. La actual Fiscalía General de la República (FGR) informó de la condena de 18 imputados por delitos como secuestro, delincuencia organizada, portación de armas y de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y delitos contra la salud con penas que iban de 14 a 58 años de prisión.
La abogada Cabaret aclara que en esta sentencia se resolvió la situación de 36 de los 74 imputados en el expediente de fosas de San Fernando: 31 fueron condenados y cinco fueron absueltos, entre ellos dos mujeres que eran policías municipales acusadas de portación de arma y cartuchos de uso exclusivo. De aquellos 31 condenados, 13 ya alcanzaron su libertad por haber pagado o compurgado su pena. No hubo apelación a esa sentencia.
Actualmente hay un solo expediente de Averiguación Previa que está en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR, el mismo que por años estuvo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y al cual se le sumaron varios expedientes del ámbito local.
La causa penal que dio origen a la sentencia no fue por los homicidios o secuestros de las víctimas de las fosas clandestinas, explica Cabaret, sino que estaba más relacionada con la pertenencia de estas personas a la delincuencia organizada. “No derivó en una investigación respecto al secuestro y la muerte de las 196 víctimas. Y no hay sentencias por esas muertes”.
Madres luchadoras y en búsqueda
Rosa García es la fundadora del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, Tamaulipas. Su vía crucis tiene varias etapas. En una de ellas a su hermano, que tenía una empresa bloquera, un grupo criminal le exigió que les diera un trascabo y como se negó, se lo llevaron a él y la maquinaria.
Otra etapa: la madre de Rosa García fue asesinada a causa de un enfrentamiento que tuvo con unos delincuentes que querían su auto. Y el 19 de abril de 2012, tres semanas después de ese suceso, varios hombres armados llegaron al negocio de Rosa aduciendo que iban por “un encargo”.
“Empezamos a luchar y como no podían con nosotras, a mi hija le dieron un cachazo y cayó. Yo me defendí con el tacón de aguja de mi zapatilla”, revive la señora en entrevista con MILENIO. Fueron sometidas y se las llevaron por separado.
Sólo Rosa logró escapar. Un año después, luego de recuperarse de sus heridas, inició la búsqueda tanto de su hermano como de su hija Dulce Yamelí, de 20 años. “En mi caminar me doy cuenta de que había más mamás como yo, las fui invitando y así se hizo el colectivo”, que agrupa a 64 familias víctimas de delitos del fuero federal y 300 del fuero común.
A este colectivo pertenecía Miriam Rodríguez, la madre buscadora asesinada de 11 balazos por la espalda el 10 de mayo de 2017.
“Estoy dentro del Mecanismo de Protección, pero eso no te salva, porque el botón de emergencia te lo pueden quitar en el rastreo… Además, vivimos una escasez, nos recortaron el personal de antropología y periciales”, denuncia Rosa García. Se mueve con recursos propios en un 75 por ciento, y el resto es la ayuda que reciben de la federación o el estado.
Fue su grupo el que en 2017 encontró la zona de exterminio conocida como La Bartolina, en el ejido del Huizachal, en Matamoros, de donde se han exhumado miles de restos humanos triturados. “Sé que pertenecieron a personas extranjeras porque Matamoros es una zona de paso de muchos migrantes y porque ahí aparecen moneditas de otros países”.
Para la activista de 60 años que todos los días arriesga la vida, Tamaulipas es una zona de guerra y el crimen organizado cada día es más fuerte, mientras que el gobierno, considera, los ha abandonado a su suerte.
Pero hay un antes y un después en la búsqueda de desaparecidos de Tamaulipas y no fueron los hallazgos criminales de San Fernando, sino el momento en que las madres rompieron con el miedo y salieron a buscar a sus seres queridos en los parajes, los caminos y los campos de Tamaulipas. “Nadie exigía nada, ni siquiera los países. He estado en la bodega de los 72 migrantes asesinados y está abandonada, ahí hasta el pasto me tapa de tan crecido. Es triste que nadie se preocupe por ellos”, dice Rosa García.
“A quien tiene un ser querido desaparecido en Tamaulipas le diría que busque a su familia y pierda el miedo (...), hay que buscar a todos esos hijos que nos arrebataron, queremos encontrarlos por tantas mamás que se han ido con la esperanza, pero sin encontrarlos”.
Imparables, las fosas y los desaparecidos
El mapa de hallazgos de fosas clandestinas de la CNBP, actualizado con los reportes de la FGR y las fiscalías locales, se divide del año 2006 al 2018 y del 1 de diciembre de 2018 –cuando asumió la nueva administración federal— al 30 de enero de 2023. En el primer caso reporta 2 mil 835 fosas clandestinas en el país, más 293 sin registro de entidad, y 2 mil 710 fosas clandestinas en el segundo periodo, con 19 excavaciones sin entidad.
Tamaulipas, Guerrero y Veracruz registraron 402, 260 y 324 fosas clandestinas hasta el 30 de noviembre de 2018; después sumaron 145, 229 y 323 más, con lo que Veracruz rebasó a Tamaulipas en la infame lista.
Respecto a personas desaparecidas o no localizadas –en el primer caso se presume un hecho delictivo y en el segundo, cuando se perdió comunicación con ella–, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) coloca a Tamaulipas en el segundo lugar, con 12 mil 601 casos, mientras Jalisco lo encabeza con 15 mil 014 registros durante este año.
Al aplicar las mismas fechas, de enero de 2006 a enero de 2023, la base de datos establece que en el país hay 91 mil 916 personas desaparecidas, de las cuales 2 mil 249 son personas extranjeras perdidas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, con 329, 209 y 175 casos. Chiapas es el cuarto estado con 166 desaparecidos; como migrantes nacionales y extranjeros fueron reportados 109.
“El tema de la cifra oficial es muy complicado porque los registros de la CNB todavía reflejan muy poco en relación con las personas migrantes desaparecidas… simplemente si nos referimos a casos emblemáticos y el fenómeno de la desaparición y muerte de personas migrantes en esa zona [la masacre y las fosas de San Fernando, más los 49 migrantes hallados en Cadereyta, en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas], tan sólo en esos hechos se juntan 317 cuerpos. Esto nos demuestra que estamos muy lejos de la realidad”, explica la abogada Cabaret.
El pasado 9 de marzo, el Estado mexicano compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar sus avances en materia de búsqueda e identificación forense en México. Ahí aceptó que el país tiene 52 mil cuerpos sin identificar, cientos de miles de fragmentos óseos altamente degradados y miles de fosas de inhumación clandestina.
Sin embargo, la FGR informó que el Banco Nacional de Datos Forenses, que ordena la Ley General en Materia de Víctimas, cuenta con sólo un registro de 15 mil referencias de cuerpos no identificados. “Se dieron cuenta de la gran desarticulación que hay en México entre las autoridades ministeriales, las fiscalías, y el Sistema de Búsqueda y que se refleja en la falta de registros certeros y concentrados”, resume la subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
MILENIO solicitó a la CNBP los datos por entidad del número de cuerpos no identificados, pero la Comisión rechazó entregarlos dado que, dijo, forman parte de investigaciones en curso.
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