'El Karateka', traficante de fentanilo, busca frenar su extradición a EU

Liborio Núñez, uno de los 10 más buscados por la DEA, es señalado de trabajar para la facción del Cártel de Sinaloa que encabezan "Los Chapitos", hijos Joaquín Guzmán Loera.

Liborio Núñez, 'El Karateka'.
Ciudad de México /

A casi un mes de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer la lista de los diez delincuentes más buscados por esta agencia de Estados Unidos, siete de los cuales son mexicanos, uno de ellos que se dedica al tráfico de fentanilo, mostró preocupación y emprendió acciones legales para conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) ya está tras sus pasos.

Se trata de Liborio Núñez Aguirre, El Karateka, por quien la DEA ofrece una recompensa de un millón de dólares, y que es señalado de mover “grandes cantidades de fentanilo” y trabajar para la facción del cártel de Sinaloa de Los Chapitos, dirigida por los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.


Según los norteamericanos, Núñez Aguirre negoció la venta en Estados Unidos de aproximadamente 70 mil pastillas de fentanilo, las cuales aseguró a sus compradores eran de Los Chapitos.

Incluso el sospechoso afirmó que podía vender hasta medio millón de pastillas de fentanilo en una sola entrega.

La DEA aseguró que la venta de las 70 mil pastillas se concretó en marzo y abril de 2022, durante dos entregas: una de 20 mil y otra de 50 mil tabletas.

La operación se realizó a través de los cómplices de El Karateka que se encuentran en Oceanside, California, a cambio de 70 mil dólares, tabletas que después fueron incautadas por la agencia antidrogas.

El 4 de abril del presente año, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación contra Liborio Núñez y otras personas acusándolos de participar en una conspiración de importación de fentanilo, conspiración de tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración de lavado de dinero.

Tras difundirse la noticia de que la DEA le puso precio a su cabeza y que su nombre aparece en la lista de los diez delincuentes más buscados junto con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito; Carlos Omar Félix Gutiérrez; Silvano Francisco Mariano, El Rayo; Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); Ismael El Mayo Zambada García, dirigente del Cártel de Sinaloa, y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, El Alfredillo, hijo de El Chapo Guzmán, Liborio promovió un amparo.

La demanda de garantías fue radicada en el juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal a cargo de la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, quien le dio entrada a la petición contra la orden de detención contra fines de extradición.

Los registros judiciales indican que el amparo fue presentado el pasado 20 de abril y que cuatro días después fue admitido a trámite; en un inicio se le concedió la suspensión provisional para que, en caso de ser detenido, no pudiera ser entregado inmediatamente a los norteamericanos, y solo permaneciera recluido en el penal donde fuera ingresado.

“…se concede la suspensión provisional al quejoso, respecto de la orden de detención con fines de extradición reclamada, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar que deba ser recluido y a disposición de las autoridades responsables para la continuación del procedimiento de extradición respectivo, el cual no puede suspenderse por ser de orden público…”, detalla el acuerdo judicial

La juzgadora solicitó a la FGR que rindiera informes justificados para conocer si existe la petición del gobierno de Estados Unidos para entregar a Liborio Núñez; asimismo, le pidió informar si solicitó alguna orden de detención provisional y si esta fue concedida por algún juez de control de alguno de los Centro de Justicia Penal Federal en el país.

Tras el paso de los días, el 3 de mayo, la juzgadora decidió negar la suspensión definitiva al quejoso, porque la FGR y los jueces rechazaron que exista en estos momentos dicha petición.



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