Histórico. Dan 41 años de prisión para ex líder sindical de TAMSA por homicidio doloso

Pascual Lagunes Ochoa, quien dominó el sindicato por casi 30 años, fue hallado culpable por un enfrentamiento que dejó dos muertos y más de 20 heridos en 2017.

Lagunes Ochoa privó de la vida a una de las víctimas del enfrentamiento entre trabajadores disidentes y aliados del entonces líder | FGE Veracruz
Veracruz /

La justicia veracruzana ha dictado una sentencia histórica. Pascual Lagunes Ochoa, el otrora poderoso dirigente del Sindicato Nacional Unidad y Progreso (SNUP) de Tenaris-TAMSA, deberá pasar 41 años y 11 meses en prisión por el delito de homicidio doloso calificado.

El veredicto, emitido por un órgano jurisdiccional, pone fin a un proceso que se extendió por años y que tuvo su origen en la violenta jornada del 24 de marzo de 2017. 

Aquel día, frente a las instalaciones del SNUP, en el fraccionamiento Casas TAMSA, en Boca del Río, se desató un enfrentamiento entre trabajadores disidentes y aliados del entonces líder. El saldo fue trágico: dos personas muertas y más de 20 obreros heridos.

Lagunes Ochoa, quien controló las riendas del sindicato por casi tres décadas, siempre negó haber estado presente durante los hechos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró acreditar su participación en la agresión con armas de fuego en contra de los integrantes del sindicato.

Incluso después de ser detenido y liberado en aquel momento, el exdirigente desafió el proceso. El 1 de mayo de ese mismo año, encabezó el contingente sindical en el desfile conmemorativo, en un intento por mantenerse en el poder. Finalmente, perdió la dirigencia, pero no esquivó la justicia.

La Fiscalía Regional Veracruz destacó que la condena es el resultado de una "investigación ministerial sólida y el desahogo de pruebas en el juicio oral". En su comunicado, la dependencia subrayó que "ningún delito que atente contra la vida y la integridad humana quedará impune".

La sentencia, derivada del juicio oral 11/2018, confirma que Lagunes Ochoa privó de la vida a una de las víctimas y fue responsable de las lesiones de varios obreros más. Con esta resolución, el Estado refrenda su compromiso de aplicar "toda la fuerza de la ley para garantizar justicia a las víctimas y sus familias".

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