Uber, Didi y la moto: cuando el sueño se volvió pesadilla

Uno recuerda con nostalgia la llegada de Uber a Guadalajara y al país. Autos de modelo reciente, limpios, con botellas de agua. El chofer hasta se bajaba a abrirte la puerta. Los usuarios de taxis tradicionales pronto le dieron la espalda a los concesionarios. Y no era para menos: frente a un servicio cómodo y confiable, la elección parecía obvia. La autoridad tuvo que ir modificando las leyes ante el vacío legal: Uber no pagaba impuestos ni hacía trámites ante las oficinas de movilidad. Era competencia ilegal, sí, pero los usuarios la defendían porque funcionaba. En ciudades donde moverse ya era un reto, la comodidad pesaba más que la legalidad.

Uber se ganó la confianza de la gente. Obtuvo su apoyo social y moral. Y muy pronto olvidó a sus pasajeros, a quienes hizo creer que eran socios de una compañía global. Todo lo bonito del servicio desapareció. Luego nacieron Didi y otras aplicaciones. Algunas fracasaron. Otras, como InDrive, se quedaron.

De ahí para acá, los abusos y las irregularidades son cosa de todos los días. Una de las más graves: el uso de motocicletas. Las cifras son contundentes: el 44 por ciento de las personas fallecidas en accidentes viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante el primer semestre de 2026 iban en moto. Las lesiones en estos vehículos aumentaron un 56 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Pero no solo hay muertos. Estamos viviendo una generación de jóvenes lisiados que caminan chueco, o a quienes tuvieron que amputarles alguna extremidad por las lesiones, reconoce el Hospital Civil.

La ley existe... pero no se respeta

Por eso se hizo una modificación legal. El artículo 215, fracción XVI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe que las motocicletas presten cualquier servicio de transporte público o trasladen personas con fines comerciales sin autorización de la autoridad competente.

Esta modalidad no solo es irregular: es completamente ilegal. Pero a pesar de la prohibición, las plataformas mantenían el servicio activo. ¿Por qué? Porque sus dueños —los verdaderos socios— solo piensan en aumentar sus fortunas como si les faltara dinero. Son propietarios de las empresas de movilidad más importantes del mundo y no tienen un sólo coche. Tienen a gente trabajando para ellos.

Los choferes ponen sus coches y obtienen un promedio de 6 pesos por cada 10 que cobra la aplicación. Cuando son empleados y alquilan el auto, la cosa es peor: 3 pesos para el dueño de la unidad, 3 para ellos... y el resto se lo queda la aplicación.

Y aun así, en Jalisco, Uber intenta frenar sus obligaciones fiscales con un juicio de amparo contra su inscripción de oficio en el Registro Estatal de Contribuyentes, de acuerdo con información obtenida por esta columna. Ha presionado en el Poder Judicial para suspender los efectos de esa inscripción: presentación de declaraciones, avisos, pagos y demás obligaciones vinculadas al Impuesto sobre Nóminas.

Han hecho lo que han querido. Violan la ley con el uso de motos aunque esté prohibido, porque prefieren pagar las multas. Obtienen buenas bolsas de ganancia y al final solo pagan 22 mil pesos. Y ni siquiera ellos los pagan: los paga el chofer de la moto. La dependencia ha retirado 41 motocicletas de circulación.

El problema de los viajes en moto estalló tras el feminicidio de Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina de 22 años. La joven abordó una motocicleta de InDrive. El chofer desvió la ruta. Hoy es el principal sospechoso del asesinato.

Tras un año de advertencias, la Secretaría de Transporte (Setran) determinó sancionar a las plataformas por el servicio ilegal en moto en Jalisco. La dependencia estatal va a multar a las tres principales empresas: Uber, Didi e InDrive. Esta última suspenderá la modalidad este martes, pero las otras dos no han dicho nada. Desde el 9 de octubre de 2025, la dependencia notificó por escrito y en reiteradas ocasiones a las empresas que esta modalidad era ilegal. Sin embargo, las plataformas continuaron ofreciéndola como si se tratara de un viaje seguro, con tarifa baja y la promesa de llegar más rápido.

Es injusta la desobediencia de Uber y Didi. Más aún cuando el gobernador Pablo Lemus ha sacado la cara por ellas. Puso el pecho ante la presidencia de la República para que pudieran abordar pasaje frente al acceso principal del aeropuerto. Y aunque Claudia Sheinbaum no dio su brazo a torcer —ni siquiera de cara al Mundial 2026—, el gobierno estatal les creó una estación para asegurar su pasaje y la seguridad de los usuarios, con un transporte inicial de camioncitos que te dejan en la base.

Es hora de que Uber y Didi cumplan con la ley. Es hora de que terminen de pagar impuestos como todas las empresas. Es hora de que concedan seguridad social a los choferes, como todas las empresas lo hacen con sus trabajadores. Porque el sueño se acabó. Y la realidad —con sus muertos, sus lisiados y sus deudas— ya no admite más silencios.