El auge de los parques industriales de Jalisco, sin certeza hídrica

Jalisco vive un momento económico de euforia. El gobernador Pablo Lemus acaba de anunciar una inversión de 600 millones de dólares en parques industriales para 2026, con un crecimiento récord del 25 por ciento en ocupación industrial durante 2025. Las exportaciones del estado crecieron un 79 por ciento —diez veces más que el promedio nacional— y la inversión proveniente de Estados Unidos aumentó un 174 por ciento. Una gran noticia que se ve opacada por la falta de transparencia en la política hídrica y la ausencia de revisión en la legislación. 

Bruno Martínez, presidente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco, ha celebrado que la entidad sea “disruptiva” ante el nuevo orden mundial, con una absorción de más de 500 mil metros cuadrados y una vacancia de apenas 3.6 por ciento. Jalisco se ha consolidado como el primer estado no fronterizo en exportaciones, con 52 mil 500 millones de dólares. 

Sin embargo, la cara triunfalista del desarrollo económico jalisciense esconde una verdad incómoda: la crisis hídrica y ambiental que ya golpea a la región. La llegada masiva de empresas altamente consumidoras de agua —muchas instaladas en municipios como El Salto y Tonalá, sin planeación urbana ni infraestructura hídrica suficiente— puede convertirse en un desastre anunciado si no se gestiona con claridad, rigor técnico y voluntad política. 

El problema de fondo es que no está claro cómo se regularán las descargas de aguas residuales industriales. El gobernador Lemus ha comprometido 600 millones de dólares para el desarrollo económico, pero precisamente por eso ese esfuerzo financiero exige que se den a conocer los procedimientos regulatorios que debe seguir la industria. ¿Qué tratamientos se aplicarán antes de verter el agua? ¿Cómo se reciclará? ¿Quién vigilará y sancionará los incumplimientos? Hasta ahora, la ciudadanía jalisciense no tiene respuestas claras.

Y esto no es un detalle menor. Ya ha quedado demostrado que cuando el proceso es opaco y el lucro y la corrupción se imponen, el resultado es trágico. Millones de litros de agua altamente contaminada terminan en ríos y mantos freáticos, provocando enfermedades crónicas, daños irreversibles en ecosistemas y estragos en la agricultura, la ganadería, la pesca y el suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Un caso emblemático es el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que en 2009 elaboró por encargo del Estado una propuesta metodológica para indicadores de salud ambiental. Los datos eran tan graves que exigían acción inmediata, pero la clase política decidió ocultar el estudio durante diez años. Ese mismo riesgo corre Jalisco si no se exige transparencia radical en el manejo de descargas industriales y en la gestión del agua. 

Pero los problemas no terminan ahí. El crecimiento industrial se ha dado sin vivienda ni transporte adecuados. Las propias autoridades reconocen que es inviable que los trabajadores de El Salto y Tonalá destinen varias horas diarias para trasladarse de sus hogares a las fábricas. Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, admite que esto va en contra de la calidad de vida. Aunque se anuncian inversiones en movilidad ferroviaria, la planeación urbana sigue rezagada. Más tiempo de traslado significa más contaminación, más estrés hídrico indirecto y más desigualdad. 

Frente a este panorama, la administración estratégica del agua es indispensable. No bastan las inversiones millonarias. Se requiere revisar la legislación para generar un desarrollo sostenible, transparentar la normativa sobre descargas industriales y establecer procedimientos claros de tratamiento, reciclaje y monitoreo comunitario. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y dónde se vierten los residuos líquidos de cada industria, y qué mecanismos de sanción existen. 

Los retos son mayúsculos, sobre todo considerando que las empresas instaladas y las que están por llegar para la fabricación de chips o el desarrollo de inteligencia artificial son grandes consumidoras de agua que termina altamente contaminada. Eso obliga a las autoridades federales del gobierno de Claudia Sheinbaum, a la administración de Pablo Lemus y a los gobiernos municipales a trabajar en conjunto para garantizar la sustentabilidad en el uso y desecho del recurso, y cumplir así con un ciclo hídrico acorde a las circunstancias. 

El cambio climático, la escasez de agua, la contaminación y el manejo de residuos son problemas que exigen soluciones conjuntas y efectivas entre gobierno, empresas, academia y sociedad. No podemos repetir el error de ocultar información por décadas. Si Jalisco quiere ser realmente el motor económico del país, debe demostrar que también puede ser líder en gestión ambiental transparente. 

De lo contrario, el auge industrial anunciado con bombo y platillo por el gobernador Lemus y por los representantes de los parques industriales se convertirá en una catástrofe hídrica y sanitaria. El agua no es un insumo más: es el origen de la vida, la salud y el futuro de todos los jaliscienses. Administrarla con reciclaje, tratamiento riguroso y participación ciudadana no es una opción, es una obligación ineludible. Y tiene que quedarle claro a cada jalisciense cómo se llevará a cabo cada proceso antes de que sea demasiado tarde.