¿Y la CONAGUA?

Mientras el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, insiste en que el agua que llega a nuestra casa en la Zona Metropolitana de Guadalajara es de buena calidad, los jaliscienses sabemos que algo huele mal en el organismo. Y no es solo el agua, es la gestión.

En la comparecencia del 12 de marzo, Juárez se presentó ante el Congreso con una carpeta llena de auditorías, cifras, promesas de reingeniería y una demanda de mayor presupuesto. Habló de deudas, de cartera vencida y de pozos rehabilitados. Pero hubo un tema del que no quiso hablar y que hemos señalado como un elefante en la habitación, que está contaminando la vida de millones: las descargas de aguas negras en Arroyo Seco, que están comprometiendo el agua potable que usan para su vida cotidiana los habitantes de la ZMG.

Es el tema del que nadie quiere hablar, pero que debería ser la prioridad número uno. El SIAPA no solo es responsable de suministrar el agua, también lo es de tratar el drenaje. Sin embargo, ante la creciente evidencia de contaminación, la respuesta del titular ha sido, en el mejor de los casos, evasiva y, en el peor, una grave irresponsabilidad.

Mientras Juárez minimiza el problema con declaraciones ligeras, asegurando que “el agua está bien” y atribuyendo el problema a “episodios” aislados de agua turbia, su versión choca de frente con la de una autoridad que, en teoría, debería ir de la mano: la Secretaría de Salud. Apenas hace unos días, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, lanzó una advertencia que debería tener en alerta a todo Jalisco: el agua de la red, dijo, “ni para consumo, ni hervida”. Una declaración contundente que evidencia la exposición de un problema muy grave de contaminación y que delata la riesgosa contradicción entre lo que dicen los expertos en salud y lo que repite, como disco rayado, el director del SIAPA.

Que el encargado del agua en el estado minimice un riesgo sanitario de esta magnitud no es solo un error de comunicación. Se trata de una falta de responsabilidad con consecuencias potencialmente mortales. Si la autoridad sanitaria dice que no se puede consumir, ¿cómo es posible que el titular del SIAPA insista en lo contrario? La respuesta es alarmante: no hay voluntad, o peor aún, hay una intención deliberada de ocultar la realidad para no generar alarma social. Pero la alarma ya existe, y la está pagando la salud de los ciudadanos. 

Urge que la autoridad estatal muestre en qué se basan las pruebas de laboratorio con que se cuentan hasta este momento, no se diga las del último mes en que se intensificó la crisis. Quiénes llevan a cabo los análisis clínicos y qué especialistas o expertos están a cargo del proceso. Los jaliscienses tienen derecho a conocer el tipo de agentes contaminantes que provocan el pésimo olor y el color sepia, y a veces negro, del líquido

El desastre financiero

El diagnóstico económico del SIAPA es, como el mismo director lo presentó, catastrófico. Hablamos de uno de los organismos públicos con mayor crisis financiera en el país. Las auditorías encargadas por los diputados destapan un cochinero administrativo: deuda histórica, cartera vencida incobrable, infraestructura obsoleta que data de 1956 y un padrón de usuarios “zombie”. Pero el problema de fondo no es solo el dinero, es la absoluta falta de capacidad técnica y profesional para abordar la crisis real: la del agua.

Y aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda para el gobierno en turno. ¿Cómo es posible que, ante un perfil con tan evidentes deficiencias técnicas para enfrentar un problema de salud pública, se mantenga en el cargo a Antonio Juárez Trueba? Las muestras de falta de transparencia y de nula voluntad para actuar conforme a derecho son cada vez más difíciles de ignorar.

El colmo de la opacidad

Por si el silencio sobre la contaminación fuera poco, la administración de Juárez Trueba nos ha obsequiado una postal perfecta de lo que significa la improvisación y el posible cochinero político: la contratación de Eli Castro. 

Resulta que mientras el SIAPA se cae a pedazos, mientras la gente no tiene agua o la que tiene está contaminada, en la nómina apareció Elizabeth Castro Cárdenas, exconductora de televisión, ocupando una plaza como “consejera técnica”, con un salario superior a los 70 mil pesos mensuales. Lo más grave: sin absolutamente ninguna experiencia en temas hídricos. Cuando su situación se hizo pública, la ahora exfuncionaria, lejos de aceptar su error, desafió a la opinión pública con una declaración que es un monumento al cinismo: pidió investigar a quienes autorizaron su contratación, deslindándose de cualquier responsabilidad.

El fiscal anticorrupción saliente reveló a Milenio que, por algunas razones ajenas a él, no se pudieron determinar sanciones contra Castro ni contra quienes la pusieron en el puesto en cuestión, lo que se convertiría en la punta del iceberg sobre el desastre interno que terminaría dejando de ser secreto o solamente interno.

El mensaje es claro: en el SIAPA de Juárez Trueba caben conductores de TV, pero no caben expertos en saneamiento. Se premia el “amiguismo” político mientras el Arroyo Seco y el canal de Las Pintas se llevan entre las aguas negras la salud de los metropolitanos.

¿Dónde está la Federación?

Ante este escenario de incapacidad estatal y municipal, donde el SIAPA y el ayuntamiento de Tlajomulco se señalan mutuamente por las descargas contaminantes, surge una pregunta incómoda: ¿dónde está la Federación? 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la autoridad federal en materia de calidad del agua y tiene facultades para intervenir cuando está en riesgo la salud de la población. Sin embargo, en medio  de esta crisis, brilla por su ausencia. El gobierno, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), tiene entre sus atribuciones la facultad de celebrar con las autoridades competentes del Gobierno Federal convenios de coordinación y colaboración administrativa y contribuir con la gestión de las aguas nacionales a cargo de la autoridad competente. Es decir, la CEA podría y debería ser el conducto para solicitar la intervención federal, pero no se ve acción alguna en ese sentido. 

Lo que estamos presenciando es un “teléfono descompuesto” entre niveles de gobierno mientras el agua contaminada sigue llegando a las casas. El investigador Arturo Gleason, de la Universidad de Guadalajara, lo ha advertido con claridad: no estamos ante una “crisis” reversible, sino ante lo que la ONU denomina “bancarrota hídrica”, un punto en donde el daño al sistema podría ser irreparable. Ante una declaración de esta naturaleza, la CONAGUA no puede quedarse cruzada de brazos. Es momento de que la Federación, a través de sus atribuciones legales, se plante en Jalisco, audite la calidad del agua, sancione a los responsables de las descargas ilegales y obligue a las autoridades locales a dejar de simular. El derecho humano al agua está consagrado en la Constitución, y su garantía no puede depender de la voluntad política de un funcionario estatal con conflictos de interés o de un alcalde que se lava las manos.

El silencio de Antonio Juárez Trueba sobre la contaminación del agua no es un descuido. Es una decisión. Y esa decisión, sumada a la falta de experiencia de su equipo, a los escándalos de corrupción en las contrataciones y a la ausencia de la autoridad federal, dibuja un panorama desolador. 

La administración estatal tiene que mantener en el cargo a un funcionario que contradice a la Secretaría de Salud y que permite prácticas de opacidad en su organismo es una decisión que raya en la complicidad. Pero la administración estatal no es la única que debe responder. La CONAGUA y la CEA tienen la obligación legal de coordinar sus esfuerzos para poner orden en esta cloaca institucional. El derecho al agua potable no es un juego, y la salud de Jalisco no puede seguir siendo rehén de la incapacidad, la simulación y el vacío de autoridad.