¿Subir el Impuesto sobre la Nómina? El gobierno irresponsable quiere que paguen por sus errores

¿Qué le duele a la economía mexicana? Le duele casi lo mismo que a la del resto del mundo. ¿Pero por qué esta atonía? El consumo estancado y la inversión en caída libre. 

Traemos en México un crecimiento inferior al 1 por ciento anual. Este 2025 no ha sido un buen año en términos económicos, pero 2026 pinta para estar terrible. 

Todo suena genial para el empleo, incrementos fuertes al salario mínimo en los últimos seis años, y aún así a la gente no le alcanza. 

Muchas vacaciones, muchas más vacaciones, semana laboral de 40 horas, y todo esto está bien, pero son costos adicionales para la industria y el comercio y que pueden desalentar la inversión.

Tenemos un empleo informal en México de 39 millones de personas, contra 23 millones cautivos en la formalidad.

Incrementar el impuesto a la nómina, como lo pretende el gobierno de Nuevo León, sólo provocaría mayor informalidad laboral.

Por eso, no se entiende que los gobiernos no tengan la sensibilidad para evitar seguir cargando la mano a quienes dan empleo y son una fuente importante de generación de impuestos.

En el peor momento, la ocurrencia llega sin siquiera consultar, sin cabildear con los empresarios. Resulta que por dar trabajo tienes que pagar un impuesto. En vez de premiarte con incentivos por ser empleador, te cobran.

Y eso es el Impuesto Sobre Nómina, una especie de castigo para el empleador. 

El origen de este impuesto en el mundo se remonta a finales del siglo XIX, cuando en Alemania el canciller Otto von Bismarck crea los primeros sistemas de seguridad social financiados parcialmente por aportes vinculados al empleo. 

Y luego en Estados Unidos, en 1935, el Social Security Act introduce contribuciones obligatorias pagadas por empleadores sobre la nómina para financiar salud, pensiones, seguro de desempleo y capacitación laboral.

Cuando este impuesto se creó en 1963 a nivel nacional en México, Nuevo León fue de los primeros en aplicar este impuesto a principios de los años 70. 

En general, la tasa era inicialmente del 1 por ciento y se crea originalmente para apoyar la enseñanza media y superior técnica universitaria. En el transcurso del tiempo, este gravamen nada tiene que ver con esa intención inicial porque se aplica simplemente al gasto general de los gobiernos y a nada en específico.

Convirtiéndose en una proporción significativa del presupuesto de los Estados para compensar la falta de recursos que envía la Federación. 

Ante la necesidad de recursos gubernamentales de dinero, Medina lo incrementa en Nuevo León 1 por ciento, es decir, pasa del 2 al 3 por ciento. Samuel García, que tanto criticaba estas cosas antes de estar al frente del gobierno, lo quiere subir un punto más, es decir, al 4 por ciento.

Pensemos en lo que sucedería con ese aumento: 

Incremento de los costos de producción de las empresas, lo que provocaría incrementar el precio de productos. 

Esto afectaría a los consumidores y lo que redundaría en impactos negativos en la demanda de bienes y servicios que a su vez impactaría en los niveles generales de actividad económica. 

Esto genera indudablemente aumento de costos y reducción del empleo, además de la quiebra de PyMES. Y como digo, es un castigo para el empleador, pero también lo será para la población en general y por consiguiente para el partido en el poder.

Si el empleo se encarece, los productos, los bienes y servicios tienen que subir. Esa es la lógica del mercado. 

Así pasó con el famoso 'impuesto verde' de Nuevo León, que por cierto no ha hecho que disminuya la contaminación. Con él, los materiales de construcción se elevaron inmediatamente. 

El gobierno irresponsable quiere que los particulares paguen por sus errores, por su despilfarro y sus malos cálculos cuando realizan una obra. 

La recomendación a los gobiernos que se manejan insensiblemente subiendo impuestos por su incapacidad de generar ahorros, hay que recordarles que deben fijarse bien dónde ponen la cruz, porque luego hay que cargarla.