A finales de mayo, la ciudadanía logró, en la rayita, que Semarnat anunciara que no daría su autorización al proyecto turístico “A perfect day” en Mahahual, en la costa de Quintana Roo.
Digo 'en la rayita' porque este proyecto estuvo a nada de convertirse en realidad.
Esto hubiera puesto en riesgo una zona extremadamente frágil, cercana al Sistema Arrecifal Mesoamericano, manglares, hábitats de tortugas marinas y especies terrestres en riesgo de extinción, como el jaguar.
La defensa de Mahahual se organizó primero en lo local: con comunidades, jóvenes, científicos, académicos y organizaciones conservacionistas. Pero escaló rápidamente a nivel nacional con una petición que reunió más de 4 millones defirmas contra el proyecto.
Semarnat recibió más de 14 mil opiniones ciudadanas durante la consulta pública, con argumentos técnicos sólidos sobre el daño que podía generar este parque de diversiones.
El caso de Mahahual sienta un precedente y establece una demanda social clara: ningún proyecto es un buen proyecto si genera afectaciones sociales y ambientales imposibles de compensar.
Es totalmente insuficiente definir que una inversión es buena sólo contando cuántos dólares se van a invertir o cuántos empleos se van a crear.
Necesitamos una mirada de largo plazo, pensando en el impacto para las siguientes generaciones y para el planeta.
Y lo digo porque Mahahual es sólo uno entre varios proyectos en discusión.
Otros casos en análisis incluyen proyectos con un impacto directo en el mar de Cortés, que implicarían una enorme disrupción en el acuario del mundo, donde vive la ballena azul, el animal más grande de esta Tierra.
Aquí la pregunta es muy concreta: ¿cuántos cruceros o barcos comerciales, gasoductos, y demás infraestructura de gran calado puede soportar un ecosistema antes de que el turismo empiece a destruir precisamente aquello que venía a vender?
Algo parecido ocurre con la discusión sobre el fracking en nuestra región noreste. Se presenta como una vía para producir más gas, reducir importaciones o fortalecer la soberanía energética.
Pero el fracking implica consumo intensivo de agua, uso de sustancias químicas, riesgos para los acuíferos y emisiones de metano que contribuyen al cambio climático.
¿Esa es la ruta que necesitamos en el noreste de México, donde ya padecemos estrés hídrico? ¿Es la mejor apuesta para el futuro de nuestra región?
El problema de fondo no es que México busque inversión. México necesita inversión, empleo, infraestructura, energía y desarrollo regional.
El problema es seguir confundiendo desarrollo con cualquier proyecto que prometa dinero, aunque el costo sea degradar ecosistemas que no podemos reemplazar.
Porque una bahía sana, un arrecife vivo, un manglar protegido, un acuífero limpio, un suelo fértil o un aire respirable también son riqueza. Son las condiciones que hacen posible nuestra vida en este hermoso país y planeta.
Durante demasiado tiempo, la naturaleza fue tratada como inventario disponible, como obstáculo administrativo o como paisaje sacrificable. Pero ya no podemos darnos ese lujo intelectual, político, económico ni moral.
Un modelo económico que escoge sacrificar arrecifes, mares, agua, suelos y salud para sostenerse es un modelo cortoplacista, extractivo y condenado al fracaso en el largo plazo.
No sigamos llamando desarrollo a lo que en realidad nos está dejando sin futuro.
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Sandrine Molinard
Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Institut d’Études Politiques de Rennes, Francia y cuenta con una maestría en Geografía Urbana por la London School of Economics.
Ha trabajado en el gobierno del Estado de Nuevo León y en el TEC de Monterrey en temas de desarrollo urbano y planeación metropolitana.
Posteriormente formó parte durante 13 años del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, organización que dirigió durante 11 años.
Ha sido profesora de cátedra en la Universidad de Monterrey y en el Tecnológico de Monterrey, donde ha impartido cursos vinculados con gobernanza urbana, gestión pública y prospectiva territorial.