La audiencia judicial programada para este jueves 9 de julio de 2026 en contra de doce servidores públicos estatales, investigados por presuntas omisiones y malas prácticas en torno al predio Rancho Izaguirre en Teuchitlán, enfrentó desde el inicio una gran incertidumbre que derivó en su aplazamiento.
El motivo principal fue la grave condición médica de una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), quien se encontraba hospitalizada recibiendo atención de emergencia.
¿Hasta cuándo se podrá realizar a audiencia contra los servidores públicos?
Dado que la normativa exige la presencia de la totalidad de los imputados en las instalaciones de Puente Grande, Jalisco, el juez determinó posponer la sesión inicial hasta el próximo 18 de septiembre de 2026.
Para esa fecha, los doce funcionarios implicados pertenecientes al IJCF deberán presentarse obligatoriamente. El resto de los acusados sí acudió a la cita en el tribunal, cumpliendo con su comparecencia.
Los hechos bajo sospecha se remontan a septiembre de 2024. De acuerdo con las indagatorias, el personal incurrió en graves negligencias que habrían facilitado irregularidades dentro del rancho, un sitio que cobró relevancia en investigaciones relacionadas con desapariciones.
Previamente la acusación señala de manera directa a por lo menos cuatro peritos por no cumplir con los protocolos adecuados. El delito imputado es abuso de autoridad.
¿Quién se encargó de interponer la denuncia contra los acusados?
Resulta llamativo que quien formula los cargos sea Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, bajo el argumento de que los servidores públicos del SEMEFO no siguieron los protocolos establecidos en el manejo de las diligencias.
La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación del caso Rancho Izaguirre, por lo que el proceso penal queda en suspenso a la espera de la recuperación de la funcionaria hospitalizada para definir la situación legal de los involucrados.
LG