CIUDAD DE MÉXICO.- Según la Ley General de Víctimas, creada en 2013 y reformada en 2017, las dependencias e instituciones públicas tienen que velar por la protección de las víctimas indirectas y brindarles atención inmediata en materia de salud, educación y asistencia social, además de garantizar las medidas de reparación integral.
JM