El municipio de Tequila, Jalisco, se encuentra bajo un intenso escrutinio de las autoridades, tras acumular seis denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad durante la presente administración, de las cuales cuatro carpetas de investigación permanecen activas.
Estos casos abarcan temas mediáticos y señalamientos contra servidores públicos, poniendo en entredicho la gestión municipal de este conocido 'Pueblo Mágico' de Jalisco.
¿Cómo avanzan las investigaciones contra los servidores públicos de Tequila?
Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción en Jalisco, confirmó la situación al señalar: "Hemos recibido algunas seis denuncias y de esas seis denuncias cuatro se siguen trabajando".
El Fiscal destacó que entre los asuntos más relevantes y mediáticos que se investigan se encuentra el del Museo del Tequila, cuya carpeta está en proceso de ser enviada a la Fiscalía General de la República (FGR) al configurarse como un posible delito de índole federal.
Además del caso del museo, el Fiscal Tovar detalló otros señalamientos: "Tengo presente el tema tanto del famoso Museo del Tequila, como también un cobro que se pretendía hacer fuera de lo que permitía la ley de ingresos y algunos servidores públicos que no reunían requisitos".
Agregó que existen carpetas relacionadas con Tequila que ya han sido judicializadas, lo que indica un avance legal en los procesos de investigación.
Las tensiones escalan para la administración de Tequila
Sin embargo, los problemas para la administración pública de Tequila no cesan. En el caso más reciente y de alto impacto económico, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, precisó que el estado tuvo que intervenir en un delicado conflicto entre el ayuntamiento y la destilería José Cuervo.
El conflicto escaló peligrosamente cuando el municipio intentó apagar unas calderas de la empresa, una acción que, según advirtió el gobernador, generaría un riesgo inminente de explosión.
El Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, detalló que el origen de esta disputa fue la licencia de operación. El municipio se había negado a otorgarla debido a que la compañía consideró “excesivo” el cobro que se le pretendía aplicar por concepto de impuesto predial.
La intervención de la Secretaría General de Gobierno fue necesaria para establecer una mesa de trabajo, logrando un acuerdo que fuera conveniente para ambas partes y, sobre todo, que estuviera apegado a la ley, desactivando la situación de riesgo y el conflicto legal.
LG