La mesa habilitada por el gobierno de la Ciudad de México para denunciar irregularidades relacionadas con el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez inició con la participación de 15 personas, mismas que presentaron casos vinculados con anomalías en la compra y venta de predios.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), Carlos Ulloa, a las 08:30 horas comenzaron a llegar los primeros denunciantes, quienes acusaron irregularidades en los contratos que firmaron con las constructoras para la compra-venta de inmuebles.
El funcionario destacó que la problemática se presentó debido a que los ciudadanos firmaron contratos privados con las empresas, sin que alguna autoridad le diera el seguimiento necesario, por lo que no cuentan con documentos que los respalde como dueños de las propiedades.
“Hicieron contratos privados con constructoras. No hay un contrato de compra-venta ante un seguimiento con un notario, es nada más es un documento privado que tienen y pues pagaron el total de esa propiedad, está totalmente pagada, y pues tampoco están en el régimen de condominios registrados ante la Prosoc, o sea que no tienen un respaldo jurídico de ninguna autoridad ante la legitimidad de una propiedad que ellos pagaron”.
Destacó que hay 14 departamentos ubicados en el mismo conjunto habitacional, los cuales se encuentran en incertidumbre jurídica, pues pese a que se han llevado a juicios no contaban con el respaldo del gobierno capitalino para que éste les diera respaldo.
Las personas que acudieron a denunciar las irregularidades en su adquisición de inmuebles fueron asesoradas por personal de la Seduvi, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano, quienes se encargarán de darle seguimiento a los casos.
La mayoría de los denunciantes prefirieron no dar declaraciones, pues aseguraron que se trataba de “temas sensibles” o porqué decidieron esperar a que “avance el caso”; sin embargo, otros de las presuntas víctimas del Cártel Inmobiliario optaron por irse de las instalaciones, ya que el proceso para ser atendidos lleva entre 25 y 40 minutos.
Carlos Ulloa explicó los casos recibidos se tratan de “problemas muy complejos” y que la instalación de la mesa de denuncias tiene el objetivo de generar “un diagnóstico total” de afectados en la Ciudad de México, pero principalmente en la alcaldía Benito Juárez.
“Nos preocupa el asunto, la incertidumbre jurídica que tienen estas personas sobre las propiedades que compraron. Te podría decir el caso de personas que compraron, hicieron un contrato privado con constructoras, no pueden escriturar, no pueden vender, están en la indefensión contra la legitimidad de su propiedad”.
El titular de la Seduvi prevé que, con lo visto en el primer día de la mesa de denuncias, anticipó que aumentará la cifra de 69 inmuebles con irregularidades detectados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
“El número va ser mucho mayor de lo que estimaba y de lo que tiene reportado la fiscalía, y pues nosotros el número de población afectada y de departamentos va a ser hasta que levantemos el último censo y la última visita que tengamos en este módulo”.
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