Luego de que miembros de la familia Forcelledo Caram presentaran una denuncia en su contra por el supuesto despojo de un predio industrial, Jesús Alberto Álvarez Cázares señala que han existido inconsistencias periciales y por parte de la autoridad judicial.
Su caso teme que pueda tener relación con lo que él denomina un “cártel inmobiliario”, por lo que ahora pide la intervención del gobierno del estado para poder tener un juicio justo.
A decir de Jesús Alberto la tenencia del predio rústico es legal desde que lo adquirió el 9 de noviembre de 2009.
Denominado 'San Juan Tepeyahualco', se ubica en La Trinidad Sanctorum y su tenencia siempre había sido pacífica, continua y al corriente en sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, en 2021, José Alfredo Forcello Caram habría promovido una denuncia en su contra ante el Juzgado Primero de lo Civil de Cholula.
Sobra decir que la resolución terminó favor del denunciante a pesar de que las escrituras que presentó supuestamente eran de otro predio rústico denominado 'Zompatitla', y que se ubica también en Cuautlancingo, pero en la colonia San Lorenzo Almecatla.
Jesús Alberto acusa al cártel inmobiliario por daño patrimonial y pide intervención del gobierno del estado
Además de este proceso legal, Forcello Caram habría demandado a las dos empresas que le rentaban extensiones del predio a Jesús Alberto, por lo que incluso uno de estos negocios habría decidido cortar su relación contractual con su arrendador, por lo que Álvarez Cázares expuso que este proceso le ha causado un daño patrimonial y económico inmediato.
Del mismo modo el empresario destacó que al presentar una discapacidad de nacimiento sus derechos legales han sido minimizados por las autoridades y el "cártel inmobiliario".
Es por ello que ahora pide la intervención del gobernador del estado, Alejandro Armenta, para tener un juicio apegado a la ley.
Jesús Alberto expuso que su intención no es ser favorecido solo por su condición, pues señala que si se analizan sus pruebas y el historial del predio, las propias leyes habrían de darle la razón.
Es así que ya prepara la promoción de un amparo para evitar el despojo legal de su propiedad, así como una carta para el gobernador con la intención de recibir su apoyo y poner un freno a quienes, asegura, tienen un amplio historial en la apropiación de inmuebles a través de este modo de operación en Puebla.
EG