Luis Octavio N, ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y Eduardo N, director de la misma, quienes fueron vinculados a proceso el 16 y 19 de septiembre del presente año, por su responsabilidad en el caso de los “tráileres de la muerte”, intervinieron con un amparo y una suspensión condicional de proceso.
Gerardo Tovar, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, explicó lo que representa una suspensión condicional de proceso, la cual solicitó Eduardo N. “Se podrá conceder la suspensión condicional del proceso cuando se trate de un delito de esta naturaleza siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos; uno que repare el daño, que se someta al cuidado, a la vigilancia de la autoridad por un tiempo que se establezca y en ocasiones también que se cumpla con algunas medidas que de acuerdo al caso, el juez va a señalar”, detalló.
El fiscal confirmó que el organismo se encuentra en el proceso de constituir la reparación del daño para los familiares de las víctimas, además de realizar la investigación del uso que se le dio a los cadáveres y a los vestigios. Agregó que existen varios elementos que no se puede identificar a qué carpeta pertenecen, por lo que durante esta fase de indagación para determinar quiénes incumplieron con los protocolos, resulta una afectación a las víctimas de acuerdo a su derecho a la justicia.
En la actualidad, únicamente se han sujetado a proceso a estas dos personas por el delito de abuso de autoridad al dejar que 322 cadáveres sin identificar fueran puestos en dos tráileres frigoríficos, uno de ellos recorrió el Área Metropolitana de Guadalajara hasta que fue localizado por la población en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Cabe señalar que este suceso ocurrió en septiembre de 2018, cuando un fétido olor de un camión abandonado, atrajo a los habitantes de Tlajomulco, quienes al comienzo creyeron que se trataba de ganado muerto. Mientras que el otro vehículo fue encontrado en el estacionamiento de las instalaciones del Semefo.
AA