Luego de tres años de haber denunciado que sus hijos habían sido víctimas de abuso sexual en los baños de un jardín de niños en la colonia San Juan de Aragón, padres de familia de la alcaldía Gustavo A. Madero logaron que se detuviera y se sentenciara al agresor gracias a su persistencia en protestas para denunciar el hecho.
Las familias decían que un profesor de educación física del centro preescolar público había hecho daño a 37 niñas y niños. Durante días bloquearon el cruce de las avenidas 412 y Loreto Fabela, en la colonia San Juan de Aragón VII Sección, con el propósito de que su denuncia fuera atendida.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue la primera que los volteó a ver, y tras la gravedad de los relatos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) los empezaron a atender.
En octubre de 2018, MILENIO documentó que los padres declararon que en la escuela había un “violador”. También acusaban a la supervisora de la zona escolar, así como a la directora del kínder, por encubrirlo.
Jocelyn “N”, madre de familia, comentó que los niños eran abusados sexualmente en los baños y que “la SEP se tapaba las manos” y no les daba solución. Por esta razón, los niños no estaban yendo a clases y agregó que el presunto agresor “ni siquiera era profesor y sólo se encargaba de cuidar a los niños y aprovechó eso para abusar”, de los menores.
Tras las acusaciones, la SEP tuvo que presentar a madres y padres una nueva plantilla integrada sólo por maestras. El turno matutino quedó integrado por diez profesoras, mientras que el turno vespertino por seis. Además, se acordó colocar más de 30 cámaras de vigilancia para garantizar la integridad física y emocional de las niñas y niños.
Por su parte, la PGR inició una carpeta de investigación para indagar los hechos. La dependencia recibió 39 denuncias y la Subprocuraduría de Derechos Humanos otorgó atención a 73 padres de familia, de los cuales recabó entrevista a 63 de ellos, por advertir datos que hacían presumir la comisión de un delito contra sus hijas e hijos.
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) otorgó atención psicológica inicial a 53 niñas y niños que estudiaban en el referido centro escolar. También practicó entrevistas especializadas a 26 menores de edad, de los que se confirmó la condición de víctimas en 11 de ellos, mientras que seis más presentaron indicadores de haber sido abusados, pero no estaban en condiciones de rendir una entrevista, por lo que adquirieron el carácter de víctimas potenciales.
El presunto responsable fue identificado como Ramón “N”, quien fue localizado en el Estado de México por autoridades de dicha entidad. Posteriormente, fue aprehendido y vinculado a proceso. Hoy, Ramón Morales Jacobo, quien era asesor técnico pedagógico en el kínder fue sentenciado por un juez federal a 494 años y nueve meses de prisión por ser responsable de los delitos de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa, contra al menos 17 menores de edad, la sentencia más alta contra un pederasta.
También se le impuso una multa por 3 millones 22 mil 500 pesos, y el pago de la reparación del daño por 24 millones 650 mil pesos, misma que deberá cubrir de manera subsidiaria la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la SEP.
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Maestra pederasta
Pero Ramón Morales no fue el único detenido por este caso, porque la hoy Fiscalía General de la República (FGR) también aprehendió al maestro de educación física Raúl Armando “N”, quien fue encontrado responsable del delito de pederastia y se le condenó a seis años de prisión.
En diciembre de 2018, elementos de la Policía Federal detuvieron al profesor de educación física en las inmediaciones de la alcaldía de Venustiano Carranza.
Al sentenciado también se le impuso el pago de una multa equivalente a 45 mil 337 pesos con 50 centavos, la destitución de cualquier cargo público y ejercicio del mismo, inhabilitación para desempeñar la función de maestro en cualquier escuela pública o privada, además del pago de la reparación del daño.
lvm