¡Buscan prisión domiciliaria! Defensa de Ernesto Ruffo quiere sacarlo de Altiplano; argumentarán su edad y salud
La defensa de Ernesto Ruffo pedirá prisión domiciliaria ante la jueza argumentando su edad y cuadro clínico en audiencia; buscan sacarlo de Altiplano.
La representación legal del exgobernador de Baja California alista una nueva estrategia jurídica para modificar la medida cautelar que lo mantiene en el penal del Altiplano.
La petición formal será presentada ante la autoridad judicial competente mediante una audiencia remota programada para esta semana.
¿Qué argumentos presentará la defensa de Ernesto Ruffo para solicitar la prisión domiciliaria?
La defensa particular del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, alista una serie de argumentos jurídicos y médicos para cambiar su internamiento en el penal del Altiplano por prisión domiciliaria.
El abogado integrante del equipo legal, Juan Marcos Gutiérrez, informó que cuentan con un estudio médico detallado sobre el cuadro clínico del exmandatario para reforzar la solicitud.
“Ya tenemos el estudio médico de la situación de Ruffo. Él debía haber sido enviado a su casa, pero estamos reforzando la noción de la edad con el tema de su cuadro clínico de salud", comentó.
De acuerdo con el litigante, la legislación vigente establece que la sola edad del imputado justifica su traslado a un domicilio particular.
"Eso se va a discutir este viernes 25 de septiembre a las 10:30 de la mañana en una audiencia que va a ser en medios remotos electrónicos", agregó.
¿Cuál es la situación legal del exgobernador tras la suspensión otorgada por una jueza federal?
Actualmente, Ernesto Ruffo Appel permanece recluido en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser vinculado a proceso con prisión preventiva.
Recientemente, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal, Azucena Lazalde Íñiguez, le concedió una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo promovido contra la negativa previa de prisión domiciliaria.
No obstante, la resolución judicial no ordenó su liberación inmediata ni modificó la medida cautelar impuesta.
La juzgadora fundamentó que el beneficio concedido únicamente mantiene al imputado a disposición del juzgado de amparo en su lugar de reclusión.
En tanto, la Fiscalía General de la República garantizó la atención médica necesaria durante su internamiento.
El proceso penal contra el exgobernador inició el 16 de julio de 2026, cuando fue detenido por la Fiscalía General de la República en el municipio de Ensenada.
Las autoridades acusan a la organización de generar ingresos superiores a los 3 mil 075 millones de pesos e intercambios de divisas por más de mil 386 millones de dólares mediante el ingreso de gasolina en 129 ferrotanques.
Ante esto, la defensa mantiene amparos vigentes para controvertir la vinculación a proceso y cambiar la medida.
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