Luego de la detención del fiscal general del estado, el Congreso del estado de Morelos consideró que con esto se viola la soberanía del estado, además de que es un atentado a la división de poderes.
"La detención o imputación de delitos por vías distintas a las que establece la ley, para presionar la remoción de un fiscal general del estado, constituye no solo un golpe al Estado de Derecho, sino un atentado contra la división de poderes y la autonomía de los órganos autónomos encargados de la persecución del delito, así como la advertencia de que en México cualquier persona puede ser perseguida, incluso por el ejercicio de sus responsabilidades de ley", se indicó en un despacho informativo.
El Congreso del estado de Morelos, en el que la mayoría de los participantes están en contra del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y abiertamente en apoyo del fiscal general del estado, aseguró mediante un comunicado que "la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente confirmó que los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, gozan de la protección de la figura del fuero constitucional, lo que implicaría que para ejercer la acción de la justicia en su contra, previamente debería habérsele despojado de esa protección, mediante un procedimiento desde el Poder Legislativo, condición que no ha ocurrido".
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Gobierno de Morelos asegura que la detención fue con estricto apego a los Derechos Humanos
El Gobierno del estado de Morelos aseguró que la detención que se llevó a cabo este viernes 4 de agosto, al fiscal estatal Uriel ‘N’, mediante un operativo que realizaron la Marina en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), y con el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), fue efectuado “bajo estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso penal”.
Mediante un comunicado, el Gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que la detención del fiscal se llevó a cabo "con base en un mandamiento judicial como parte de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES)".
A su vez, se informó que la participación de la CES se debió a una solicitud recibida por parte de la FGJ CdMx, cuya participación en el operativo "en ningún momento transgredió la privacidad de Uriel ‘N’, ya que se entregó de manera voluntaria a las autoridades; además, que su domicilio no fue registrado en cortesía a quienes habitan en el lugar".
DR