La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que, tras los operativos realizados los días 17 y 18 de marzo en el Ejido Dinamita, se ha logrado la vinculación a proceso de 28 personas.
Los imputados enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en delitos de robo equiparado, ataques a las vías de comunicación y transporte, y asociación delictuosa.
Contexto de las detenciones
Las capturas se efectuaron en flagrancia durante un despliegue interinstitucional. Según las investigaciones, el grupo participó activamente en bloqueos ilegales y en la retención de unidades de transporte.
Estas acciones, descritas como actos de presión económica, tenían como objetivo afectar a diversas empresas de la región Laguna, exigiendo además pagos indebidos para beneficio de terceros.
El expediente señala que las movilizaciones no solo causaron pérdidas millonarias y afectaciones operativas, sino que pusieron en riesgo a la población civil, dado que entre los puntos bloqueados se encuentra una planta dedicada a la fabricación de explosivos.
Situación jurídica de los imputados
Debido a la gravedad de los hechos, la autoridad judicial determinó prisión preventiva justificada para la mayoría de los señalados. La lista de vinculados incluye a:
Bajo prisión preventiva: David G., Isela G., Damián O., José Camilo O., Bryan Uriel O., Angélica O., Edgar Guadalupe O., Ricardo Ángel G., Flavio César G., Ángel Gabriel G., José Guadalupe C., Germán C., José Jacinto O., Reynalda H., Yesenia C., José Guadalupe C. (segundo registro), Bernardino O., Ángel Vladimir L., Rogelio C., Valentín O., Aurora Ivette C., Refugio H. y Óscar E.
Bajo resguardo domiciliario: Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O.
Cabe destacar que, en el caso específico de Alejandro R., la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su audiencia de vinculación fue programada para este lunes 23 de marzo de 2026.
La FGED subrayó que el operativo se realizó en estricto apego a los derechos humanos y en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Las autoridades continúan integrando las carpetas de investigación, enfocándose ahora en robustecer las imputaciones por el delito de extorsión y deslindar responsabilidades adicionales en estos actos de coacción que obstaculizaron el desarrollo económico de la zona.