José Ángel Velázquez y Sandra Salazar alzan la voz contra una red de abuso que utiliza documentos firmados bajo presión para extorsionar a trabajadores con deudas inexistentes de hasta 70 mil pesos, esto en Durango.
El sueño de conseguir un empleo digno se ha convertido en una pesadilla legal para varios ciudadanos que, tras ser contratados, fueron obligados a firmar pagarés en blanco como condición para ingresar a laborar.
Hoy, tras ser despedidos, enfrentan demandas por supuestos préstamos que nunca recibieron, exponiendo una red de fraude que podría alcanzar a funcionarios públicos.
El "modus operandi": Necesidad económica como anzuelo
El caso de José Ángel Velázquez Vargas es emblemático de esta situación. Tras responder a una vacante para el puesto de velador en redes sociales, se vio forzado a firmar un pagaré en blanco durante su proceso de admisión debido a la urgente necesidad de ingresos.
Solo dos meses después de su ingreso, Velázquez fue despedido y, poco después, notificado de una demanda mercantil por 20 mil pesos.
La empresa sostiene que dicho monto corresponde a un préstamo, cuya evidencia es el pagaré que firmó al inicio de su relación laboral. Sin embargo, José Ángel asegura que este cobro es totalmente falso y que no es el único afectado por esta práctica.
Deudas infladas y documentos alterados
La señora Sandra Salazar también ha denunciado irregularidades similares en el caso de su hijo. En este incidente, el nivel de audacia del empleador fue mayor:
- Fechas alteradas: El documento fue fechado el 3 de febrero, a pesar de que la contratación y firma de papeles no ocurrió sino hasta el 6 de febrero.
- Montos exorbitantes: A diferencia del caso de Velázquez, al hijo de la señora Salazar se le exige el pago de 70 mil pesos por un supuesto adeudo inexistente.
Sandra Salazar subraya que el patrón está lucrando con la necesidad de la gente, llenando los pagarés a su conveniencia para obtener beneficios económicos ilegales a través de la vía judicial.
Lo que comenzó como una denuncia por fraude laboral ha escalado a una sospecha de contubernio y corrupción judicial. Los afectados señalan que existen patrones alarmantes en el manejo de sus casos:
- Falta de disposición al diálogo: Tanto los abogados de la empresa como los jueces asignados se han negado a procesos de negociación justa.
- Concentración de casos: José Ángel Velázquez puntualizó que todas las demandas interpuestas por este patrón terminan "casualmente" en el mismo juzgado y con los mismos funcionarios públicos, a pesar de existir múltiples opciones de turno en el sistema judicial.
Actualmente, tres personas han decidido enfrentar legalmente estas injusticias para evitar que se les arrebate su patrimonio, aunque reportan que muchos otros ex-empleados ya han perdido sus demandas y pagado sumas excesivas por temor o falta de asesoría.
Los afectados solicitan la intervención inmediata de las autoridades competentes para investigar este esquema de fraude antes de que los jueces emitan fallos a favor del patrón, quien utiliza la firma de pagarés en blanco como una herramienta sistemática de extorsión contra quienes solo buscaban un trabajo.
DR