Los delitos sexuales en contra de menores incrementaron 931 por ciento en el Estado de México en los últimos ocho años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional Pública.
La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro denunció que los responsables son en 51 por ciento de los casos, parte de la familia, por lo cual propuso endurecer la pena en estos casos y pasarla de 20 a 30 años de cárcel.
Tan sólo durante 2022 se registraron en la entidad 5 mil 486 incidencias en este delito, con lo cual se ubicó en el primer sitio, con 16 por ciento de los registros; seguido de la Ciudad de México, con 14 por ciento; Jalisco, 9.9 por ciento; Chihuahua, 5.9, por ciento; Nuevo León, 5.5 por ciento; y Baja California, 5 por ciento.
Durante los trabajos de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la legisladora precisó que del año 2015 al 2022 el abuso sexual pasó de 532 a 5 mil 486 casos; el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indicó que la mitad de delitos de violencia contra infantes es cometida por familiares y 14 por ciento por personas conocidos o cercanas a las víctimas.
Aunque el Código Penal ya considera dos agravantes para este delito, la minoría de edad y la incapacidad para entender o resistir la agresión, se debe agregar cuando sea cometido por familiares; persona que tenga la custodia, guarda, educación o aproveche la confianza de la niña, niño o adolescente, y se debe establecer la reparación de los daños y perjuicios considerando el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que requiera.
Para seguir con el análisis de este tema, el presidente de la comisión, Gerardo Ulloa Pérez, acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que citen a representantes de la fiscalía general de Justicia y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para recibir su opinión y propuestas sobre esta iniciativa.
Ingrid Krasopani enfatizó que esta iniciativa fue presentada desde la Legislatura anterior, pero la bancada parlamentaria la recuperó por el interés en el tema y, luego de lo grave del abuso infantil, un ilícito con números alarmantes por el tamaño de la población y sobre todo luego del aislamiento que generó 155 personas cada hora en todo el país.
“Es necesaria una respuesta contundente, se actualice la normativa para garantizar las sanciones, está definido en el artículo 270 pero solo provee la minoría de edad y la falta de capacidad para comprender el hecho y poder resistir” donde se debe agregar el vínculo familiar por el crimen atroz que les causa un daño físico, psicológico, trastornos, afectan su desarrollo cognitivo, entre otros temas.
Por ello pidió la legislación con lo que ocurre en otras entidades, adicionar el pago de la reparación de daños y perjuicios, dependiendo del grado de afectación a la víctima; agravantes para enfatizar que cuando es por familiares, quienes tienen la custodia, la pena se aumente hasta en una mitad en su mínimo y máximo que actualmente es de 10 a 20 años, se pierda la patria potestad, y cuando sea servidor público, sea destituido del cargo o suspendido 5 por cinco años.
Schemelensky Castro subrayó que para el caso de las niñas y niños que sufren este tipo de abuso se enfrentan a consecuencias a largo plazo, como trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad y dificultades en sus relaciones interpersonales. Además, estas experiencias traumáticas pueden afectar su desarrollo cognitivo, social y emocional, teniendo un impacto negativo en su calidad de vida.
CMOG