La noche de este lunes, el municipio de Zapopan se convirtió nuevamente en el escenario de un episodio de violencia de género. El cuerpo de una mujer de entre 40 y 45 años fue localizado sin signos vitales dentro de su hogar.
El desafortunado hallazgo se dio en el cuarto piso de un complejo habitacional en la colonia Arcos de Zapopan, específicamente en el cruce de las calles Arco Nuremberg y Arco Aboquillado, en Zapopan.
¿Cómo se localizó el cuerpo de la mujer dentro de su domicilio?
El hallazgo se produjo tras reportes ciudadanos que alertaban sobre una persona inconsciente. Al arribar al sitio, los servicios médicos de emergencia confirmaron el deceso, señalando de manera preliminar que el cuerpo presentaba evidentes huellas de violencia.
Ante este panorama, elementos de la policía municipal procedieron al resguardo inmediato del área, solicitando la intervención de la unidad especializada en feminicidios de la Fiscalía del Estado de Jalisco para dar inicio a las diligencias ministeriales bajo el protocolo correspondiente.
El operativo de seguridad contó con la presencia de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes tomaron conocimiento del suceso mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaban el levantamiento de indicios y el traslado de la víctima a la morgue metropolitana para la necropsia de ley.
La deuda de Jalisco en la violencia contra la mujer
Este crimen se suma a una estadística alarmante que pone en duda la efectividad de las políticas de protección actuales en la entidad. Según datos del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Jalisco mantiene activa una Alerta de Violencia de Género desde hace más de ocho años; sin embargo, las cifras de 2025 revelan una realidad crítica.
Hasta septiembre de 2025 se contabilizaron 115 muertes violentas de mujeres en la entidad, de las cuales apenas una quinta parte se indagan bajo la tipicidad de feminicidio.
Aunado a esto, la crisis de desapariciones persiste con más de 1,500 casos reportados hasta octubre, evidenciando barreras institucionales que impiden el acceso a la justicia y la seguridad para las jaliscienses.
LG