La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer un nuevo testimonio de un empresario, el cual reveló detalles de la presunta red de corrupción en el sector bienes raíces de la alcaldía Benito Juárez, conocida como el Cártel Inmobiliario.
De acuerdo con el testimonio del empresario, los funcionarios presuntamente relacionados con la red de corrupción le habrían pedido fuertes sumas de dinero a las desarrolladoras inmobiliarias, a cambio de que le entregaran protección para no suspender o utilizar construcciones en la demarcación capitalina.
¿De cuánto eran las cuotas pedidas por el Cártel Inmobiliario?
En su primer mensaje a medios como el encargado de la FGJ de la Ciudad de México, Ulises Lara presentó el testimonio del empresario, cuya identidad fue reservada y reveló que el soborno que cometían en su contra ascendía a 50 mil pesos por cada departamento que tuviera un inmueble.
"Las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación" dijo el coordinador general de Investigación Territorial.
En la grabación, el empresario indicó que sostuvo encuentros con el ex director General Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno, y otros ex funcionarios, a los cuales les tuvo que entregar un total de 3 millones 250 mil pesos, a cambio de que le autorizaran o no le suspendieran diferentes obras.
"Derivado a faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150 mil pesos, a lo cual accedí y habiendo pasado alrededor de 20 días naturales fue que la obra se abrió y se pudo terminar”.
Según el testimonio, la Dirección de Obras de la alcaldía le pidió el expediente de la obra y, al observar que estaba cercana a concluirse, por lo que le solicitó la cantidad de 250 mil pesos, cantidad mayor a la que se le había pedido años atrás, justificando que esto se debía a que la construcción ya casi se terminaba.
"Por lo que si quería yo tener la autorización de uso y ocupación era necesario que yo accediera a ello, a lo cual accedí y le di el dinero en días posteriores a la reunión", indicó el empresario.
Sobornos fueron para apoyar campaña de Christian Von Roehrich: testigo
El testigo de la FGJ indicó que, a finales de 2014, sostuvo un nuevo encuentro con Luis Vizcaíno en un restaurante de la colonia Del Valle, donde el ex servidor público le pidió apoyo para la campaña de Christian Von Roehrich, quien se encuentra actualmente preso en el Reclusorio Norte, acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
"En dicho restaurante me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado. Para lo cual me pidió que apoyara con una cantidad de 200 mil pesos en apoyo a dicha candidatura, accediendo a su petición, días después a través de mi chófer le mandé el dinero a sus oficinas en la delegación Benito Juárez".
Además, el empresario llevó a cabo otros dos pagos de un millón 800 mil pesos y 850 mil pesos. El primero habría sido para un proyecto de la calle Cordobanes, colonia San José Insurgentes, en el que estaba asociado con Luis Vizcaíno; mientras que el segundo para la protección de la obra ubicada en José María Rico, colonia Actipan.
“Informándome que había acordado el pago por la cantidad de un millón 800 mil pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar un millón por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800 mil pesos, una vez que se obtuviese la terminación de obra”.
Ulises Lara destacó que testimonios como el del empresario están confirmando que el modus operandi del Cártel Inmobiliario era cometido recurrentemente en, al menos, tres administraciones. Explicó que los recursos recaudados de esta forma eran destinados para evitar sanciones y multas.
KT