Durante 30 horas consecutivas, dos personas habrían sido sometidas a tortura física y psicológica extrema por agentes de la entonces Fiscalía General del Estado de Jalisco con el objetivo de obligarlas a confesar delitos que no cometieron.
Los hechos, ocurridos en octubre de 2014, fueron señalados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que este año emitió la recomendación 33/2025.
Esto al concluir que existieron violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas tortura y omisiones por parte del Ministerio Público.
De acuerdo con la recomendación, la queja fue ratificada por las víctimas y analizada a partir de testimonios, dictámenes médicos y otros elementos de prueba que permitieron reconstruir lo ocurrido tras su detención.
¿Cómo habrían ocurrido los actos de tortura por parte de la Fiscalía de Jalisco?
La Comisión determinó que los afectados fueron golpeados de manera reiterada, amenazados y sometidos durante más de un día, con el propósito de forzarlos a firmar declaraciones autoinculpatorias sin tener oportunidad de leerlas ni comprender su contenido.
Uno de los casos documentados resulta especialmente grave: a una de las víctimas le habrían dislocado el hombro y cortado un pedazo de la lengua como método de presión para que aceptara los hechos que se le imputaban.
Estas lesiones, señala el organismo, no sólo fueron consecuencia directa de la tortura, sino que dejaron secuelas físicas y emocionales de largo plazo.
La investigación de la CEDHJ establece que, pese a la gravedad de las lesiones visibles que presentaban los detenidos, el agente del Ministerio Público fue testigo de su estado físico y no realizó ninguna acción para detener los abusos ni para reportar las agresiones.
Esta omisión, subraya la Comisión, constituye una violación adicional a los derechos humanos y evidencia un patrón de tolerancia institucional frente a prácticas prohibidas de manera absoluta por la legislación nacional e internacional.
Ante estos hallazgos, la recomendación 33/2025 exige a la Fiscalía del Estado de Jalisco la reparación integral del daño a las víctimas, lo que incluye medidas de compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Asimismo, ordena que las personas afectadas sean inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que puedan acceder a los apoyos y mecanismos previstos en la ley.
La Comisión también exige que se acelere la investigación penal en contra de los servidores públicos responsables de los actos de tortura y de las omisiones señaladas.
En este punto, el organismo defensor de derechos humanos advierte que, al tratarse del delito de tortura, éste no prescribe, por lo que el paso del tiempo no exime de responsabilidad a los agresores.
Además de las acciones penales, la CEDHJ solicita la imposición de sanciones administrativas contra al menos tres servidores públicos involucrados en los hechos.
Con esta recomendación, la Comisión busca que el caso no quede en el olvido y que se reconozca el daño causado a las víctimas, al tiempo que se impulsen cambios estructurales para prevenir que prácticas de brutalidad policial como estas vuelvan a repetirse en Jalisco.
AM