Un operativo encabezado por la Fiscalía del Estado de Jalisco tomó por sorpresa la tarde de este lunes a comerciantes del mercado San Juan de Dios en Guadalajara, luego de que agentes investigadores se desplegaran en un edificio ubicado sobre la calle Dionisio Rodríguez.
La movilización generó expectación entre locatarios y transeúntes, quienes al observar la presencia de elementos del área de delitos patrimoniales temieron un posible desalojo o la clausura de negocios.
¿Cuál fue el motivo detrás del operativo de la Fiscalía?
Conforme avanzaron las horas, las autoridades aclararon que la intervención no estaba dirigida contra los comerciantes, sino que derivaba de un conflicto legal relacionado con el arrendamiento del inmueble.
De acuerdo con la información proporcionada por fuentes oficiales, el edificio intervenido alberga una plaza comercial donde operan diversos locales dedicados principalmente a la venta de artículos de tecnología y bisutería.
Dicho inmueble es propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), organismo que lo tenía rentado a una segunda persona, quien a su vez lo subarrendaba a los comerciantes que actualmente ocupan los espacios.
El problema surgió cuando la persona que tenía el contrato directo con el Ipejal dejó de cumplir con el pago de la renta correspondiente al instituto.
A pesar de ello, continuó cobrando puntualmente las mensualidades a cada uno de los locatarios, situación que generó un adeudo y un posible perjuicio económico para el organismo público.
Ante el incumplimiento, el Ipejal procedió a interponer una demanda para recuperar el control del inmueble. Tras el análisis del caso, un juez resolvió a favor del instituto.
Es así que se determinó que los derechos sobre la administración del edificio debían retirarse a la persona que fungía como arrendataria y subarrendadora, al no realizar los pagos correspondientes pese a recibir el dinero de las rentas de los comercios.
Fue en cumplimiento de esta resolución judicial que se realizó el operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyo objetivo principal fue garantizar que el proceso se llevara a cabo sin incidentes y con pleno respeto a los derechos de los comerciantes.
Las autoridades precisaron que los locales no serán desalojados y que los locatarios pueden continuar operando con normalidad, sin ser molestados ni interrumpidos en sus actividades comerciales.
Asimismo, se les informó de manera directa que, a partir de ahora, los pagos de renta deberán realizarse directamente al Ipejal, y no a la persona que anteriormente se encargaba del subarrendamiento.
El Ipejal, por su parte, continuará con los trámites administrativos necesarios para regularizar la situación del inmueble y garantizar certeza jurídica tanto para la institución como para los comerciantes que ahí laboran.
AM