El horizonte de libertad para Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se tornó gris tras la reciente ofensiva legal de la Fiscalía General de la República (FGR).
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó formalmente al exmandatario por el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de 5 millones de pesos del erario federal.
FGR imputa a Javier Duarte por desvío del fondo para discapacitados
La acusación presentada ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor sostiene que el desvío se habría perpetrado en 2012, afectando directamente al Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz.
Según la representación social, Duarte es responsable de la distracción de estos recursos, conducta que, bajo la legislación vigente, podría sumarle una pena de hasta 14 años de prisión adicional a su condena actual.
Para sustentar esta nueva causa, la FGR presentó un robusto expediente que incluye 38 datos de prueba.
Sin embargo, el exgobernador no guardó silencio y, al hacer uso de la palabra, calificó la acusación como una “bola de sandeces”, argumentando que su nombre solo aparece mencionado en tres de los elementos probatorios presentados.
La vinculación a esta nueva causa penal ocurre en un momento crítico para Duarte, quien actualmente cumple una sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, la cual concluiría originalmente en abril de 2026.
Recientemente, sus aspiraciones de obtener la libertad anticipada fueron truncadas por la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien determinó que el sentenciado no cumple con los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Durante dicho proceso, la FGR exhibió el historial de mala conducta del exmandatario dentro del Reclusorio Norte.
Entre las revelaciones más impactantes se detalló que Duarte se negó sistemáticamente a comparecer en audiencias anteriores, alegando desde supuestos contagios de covid-19 hasta malestares físicos súbitos.
En un incidente ocurrido en noviembre de 2022, las autoridades penitenciarias se vieron obligadas a trasladarlo a la sala de audiencias por la fuerza, donde permaneció sujeto a una silla para garantizar el desarrollo de la diligencia.
Además, registros disciplinarios confirmaron que en su celda se han localizado artículos prohibidos, incluyendo teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y una pluma con cámara.
La audiencia de imputación por peculado ya se había diferido en tres ocasiones previas, lo que llevó al juez Villaseñor a advertir sobre el uso de “tácticas dilatorias” por parte de la defensa.
Ante la convalecencia del abogado titular de Duarte, el juez amenazó con asignar un defensor de oficio si el equipo legal persistía en sus ausencias.
Tras la lectura de los cargos, Javier Duarte y su defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional.
Debido a esta solicitud, será el próximo martes 17 de febrero cuando el juez determine si el exgobernador es vinculado a proceso por este nuevo cargo de peculado.
De concretarse la vinculación, la posibilidad de que Duarte recupere su libertad en 2026 se desvanecería, obligándolo a permanecer tras las rejas por más de una década adicional.
Por ahora, el político veracruzano permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a la espera de su próxima cita con la justicia.
SCM