Una jueza del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, dictaminó que Jaqueline y Camila deberán incorporarse a un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del Estado de México, donde se intensificarán las terapias para restablecer lazos afectivos, para posteriormente regresarlas con su madre.
De acuerdo con la sentencia emitida el pasado 8 de marzo por Karina Castillo Flores, jueza cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, dejó sin efecto el amparo promovido por las menores y su representante legal para continuar viviendo con su familia paterna en Metepec, para trasladarlas al DIF estatal.
La denuncia de Jaqueline
Tras la denuncia hecha por Jaqueline a través de una transmisión vía Facebook, pidió entre lágrimas la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la gobernadora Delfina Gómez y del ex magistrado Arturo Zaldívar, con el objeto de evitar que la jueza la regrese a ella y a su hermana a la casa de su progenitora, ya que denunció que en ese lugar sufrieron violencia física y abuso sexual.
“Hay reportes fotográficos (de) todo eso que les digo, hay reportes donde todo está como parte de un expediente; reportes fotográficos donde Cami, con cinco añitos, llegó con la cabeza abierta. Jaqueline, con golpes en la espalda, en un ojito diversas cosas. Salgo a entrevistarme con ellas y saber qué es lo que había pasado, pues me refieren también la parte del abuso sexual del que presuntamente mis hijas señalan a su tío”, afirmó Mauricio, padre de las menores, en entrevista previa para MILENIO Televisión.
¿Cuál fue la resolución de la jueza?
A pesar del largo proceso legal por el que las menores han atravesado para continuar viviendo con su padre, en el incidente de suspensión 382/2024-1 la jueza mandata que tanto Jaqueline como su hermana de 13 años deberán reincorporarse con la progenitora y en un entorno de supuesto abuso y violencia.
El dictamen judicial federal justificó que el 16 de febrero se ordenó que se realizara una valoración psicológica "de las personas señaladas como Red de Apoyo, con la finalidad de que se determinara quién es la persona más apta para tener bajo su cuidado a las menores de edad quejosas”.
No obstante, el pasado 19 de febrero señalaron que quien debía tener a las menores a su cuidado era el señor José Sol Silva Beltrán, el representante legal.
“Por tanto, es evidente que a la fecha no se cuenta con información suficiente para considerar que es la persona más apta para que tenga su cuidado a las menores quejosas, toda vez que no se cuenta con las valoraciones psicológicas ordenadas (…) por lo que se ordena al Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, para que informe las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo aquí determinado”, destacó el documento.
Asimismo, la orden apuntó que se deberán tomar las medidas necesarias para agilizar los dictámenes psicológicos a la brevedad posible, hasta que las menores estén en condiciones para entregarlas con su madre.
“Lo anterior evidencia que sí existe una orden judicial debidamente fundada y motivada emitida, donde, atendiendo el interés de las menores y por los motivos allí expuestos, se consideró necesario reubicarlas del lugar donde ahora habitan”, remarcó el documento.
La jueza añadió que esta orden judicial se lleve a cabo 24 horas después de la notificación realizada, por lo que se espera que en las próximas horas ocurra el traslado de las menores.
AFV