La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación, logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso contra dos individuos sorprendidos en flagrancia tras irrumpir en un establecimiento comercial.
Los imputados, identificados como Julio César 'N' y Carlos Armando 'N', enfrentan cargos por su presunta participación en el delito de robo calificado dentro de la colonia Americana de Guadalajara.
¿Cómo ocurrió el rabo dentro del bar de la colonia Americana?
Los hechos que originaron este proceso legal ocurrieron el pasado 25 de noviembre, en un bar situado en la emblemática colonia Americana, en el municipio de Guadalajara.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los sujetos habrían forzado la cortina de acero del acceso principal del negocio, utilizando herramientas de impacto para vulnerar la seguridad e ingresar al inmueble.
Una vez en el interior, los señalados comenzaron a apoderarse de diversos objetos de valor. Sin embargo, su plan se vio interrumpido cuando el propietario del establecimiento arribó al lugar de manera inesperada. Al percatarse de la presencia de extraños y de los daños en su local, el dueño solicitó el apoyo inmediato de la Policía Municipal de Guadalajara.
Gracias a la rápida intervención de los oficiales, la captura de ambos sujetos se concretó justo a las afueras de la negociación mientras intentaban huir. Durante la revisión de seguridad, las autoridades les aseguraron una pantalla de 32 pulgadas, así como un martillo y unas cizallas, herramientas que presuntamente fueron empleadas para realizar el forzamiento de la entrada.
Tras la detención, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes ante la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó como legal la detención y, tras analizar los elementos presentados, determinó que existen indicios suficientes para iniciar el proceso penal.
Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva justificada por un periodo de seis meses, tiempo en el que se llevará a cabo la investigación complementaria para dictar una sentencia definitiva.
Con este resultado, las autoridades estatales refuerzan su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y destacan la relevancia de la coordinación institucional para proteger los negocios de la entidad y garantizar que quienes afecten el patrimonio de los ciudadanos enfrenten las consecuencias legales pertinentes.
LG