El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal le ordenó a una jueza federal admitir a trámite el amparo promovido por Marisol Mayte Tapia de Jesús, madre de Giovanny Hernández Tapia, menor de edad que murió tras el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le dé acceso a la carpeta de investigación de dicho caso.
El amparo promovido por Mayte Tapia de Jesús se suma a las peticiones de otras seis personas, quienes también buscan que la dependencia capitalina les dé acceso a las indagatorias del incidente del 3 de mayo pasado.
Los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon como válida la queja interpuesta por los familiares de las víctimas, quienes impugnaron que la jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Roble Magaña, les desechó su demenda en agosto.
Los magistrados señalaron que, por unanimidad, no comparten la resolución de la jueza Sandra Leticia Roble Magaña, debido a que ella no tiene las facultades para dar por terminada las indagatorias iniciadas por el Ministerio Público sobre la caída de la Línea 12 del Metro.
“(Sandra Leticia Roble Magaña) no tiene el alcance de suspender, paralizar o dar por terminada la indagatoria”, expusieron los magistrados.
El Sexto Tribunal indicó que los familiares de las víctimas por el desplome de la Línea 12 se encuentran inconformes con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque no se les informó de las investigaciones y no se les mostró las carpetas de investigación llevadas a cabo por el accidente de mayo pasado.
De acuerdo con el tribunal, los familiares de las víctimas tampoco han tenido el conocimiento de los dictámenes, clasificación de lesiones y testimonios, así como de los trabajos periciales que se han realizado desde la caída del tramo elevado de la llamada línea dorada.
El 12 y 13 de julio, el agente del Ministerio Público, José Manuel Ruiz Macal, según las víctimas, les negó el acceso a la información solicitada, argumentando que no podía porque hay otras personas afectadas, quienes no eran representadas por quienes solicitaron la carpeta de investigación.
Asimismo, las personas afectadas informaron que no se les ha dado a conocer los estudios y dictámenes preliminares realizados por las empresas contratadas por el gobierno de la Ciudad de México para seguir la línea de investigación.
"No nos han informado de los tres informes preliminares de las empresas que fueron contratadas por el gobierno de la Ciudad de México y en general nos niegan acceso total a la carpeta de investigación, de la cual nos ostentamos como víctimas, de esto se desprende que no tenemos copias de ninguna de las actuaciones que versan en dicha carpeta”, detallaron.
Los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal destacaron que la petición de las víctimas para acceder a la carpeta de investigación corresponde al amparo para una defensa adecuada con acceso a la justicia, los cuales son principios avalados por la constitución.
KT